En un fallo que sacude el sistema de salud colombiano, la Corte Constitucional ha ordenado el regreso de la EPS Sanitas a sus accionistas, revocando la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.1 Esta decisión, celebrada por la empresa como una victoria jurídica, es recibida con pesar por los directivos de Sanitas, quienes denuncian un «daño moral, institucional, financiero y humano» irreversible, mientras el presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de una reforma profunda del sistema, señalando la «estafa» en las liquidaciones de EPS y la falta de sostenibilidad financiera como problemas persistentes.
Fallo Judicial y Reacciones de EPS Sanitas: Un Retorno Marcado por el Duelo
La Corte Constitucional, mediante un fallo que ha sido calificado de histórico por los afectados, ha dictaminado la revocación de la intervención que la Superintendencia Nacional de Salud había adelantado en contra de la EPS Sanitas.
Sin embargo, para los directivos de EPS Sanitas y Keralty, la restitución no es motivo de celebración, sino de «duelo». Afirman que, si bien la justicia colombiana les ha dado la razón al declarar ilegal la intervención, esta victoria jurídica no borra el profundo daño causado en los quince meses de arbitrariedad, persecución y silencios. Señalan que la intervención fue una «estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada» ejecutada por el Estado colombiano.
Según la perspectiva de Sanitas, la estrategia gubernamental se desarrolló en varias fases: primero, una asfixia financiera mediante la negación a reconocer la desfinanciación estructural del sistema y el pago de deudas atrasadas. Luego, una persecución administrativa con auditorías e investigaciones que, según ellos, no hallaron faltas materiales, éticas o legales. Posteriormente, la intervención con el objetivo de desmantelar la EPS desde dentro, debilitando redes, afectando la atención a pacientes y desmoralizando a sus equipos humanos. Finalmente, acusan que se permitió el deterioro progresivo para «romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera.»
Como resultado de esta intervención, la empresa declara recibir una entidad «devastada»: altamente comprometida financieramente, con servicios deteriorados, niveles de quejas y tutelas sin precedentes, redes fragmentadas, y una atención inoportuna e desintegrada para los usuarios.3 Subrayan que sus equipos humanos están «heridos en lo más profundo de su vocación». Por todo ello, este día no es de celebración, sino de recogimiento, dolor y una firme determinación de exigir reparación integral, verdad y responsabilidades. Anuncian que continuarán acciones legales contra el Estado colombiano y los «autores intelectuales y operativos» de lo que consideran un despropósito, ante tribunales nacionales e internacionales.
La Posición del Presidente Gustavo Petro: Una Visión Crítica del Sistema de Salud
El presidente ha argumentado que este esquema ha llevado a una concentración progresiva del sistema en las clínicas privadas de los dueños de las EPS. Según su análisis, estas clínicas se construyen y funcionan con dinero público, ya que los pacientes son obligados a dirigirse a ellas, mientras que buena parte de los hospitales públicos y privados restantes quiebran. Como ejemplo, menciona el cierre del hospital San Juan de Dios de Bogotá y muchos otros centros de salud emblemáticos en el país, incluyendo puestos de salud en veredas y barrios.
Para Petro, el sistema actual «devora el erario por billones y niega atenciones», además de quebrar la red hospitalaria. Insiste en que este sistema siempre exigirá un aumento de la Unidad por Pago de Capitación (UPC) por encima de la inflación real, un sobrecosto que, en su opinión, no se traduce en una mejor atención al paciente ni en reservas técnicas obligatorias, sino que es «devorado por el grupo de propietarios». En una fuerte declaración, el presidente ha calificado esta situación de «aberración» que «solo se mantiene comprando la política», y ha acusado directamente a Keralty de haber sido, «inconstitucionalmente, un comprador de la política».
El mandatario ha sido enfático en que, si el Congreso no aprueba la reforma a la salud propuesta por su gobierno, el sistema simplemente se quebrará. Advierte que las aseguradoras financieras o EPS actuales que no cumplan con las reservas técnicas exigidas por ley deberán liquidarse, lo que reducirá el número de EPS y creará un «cartel de la intermediación privada de la salud». Reitera que todo esto es financiado por los colombianos, que no solo cubren la operación, sino también el patrimonio particular de los dueños y las grandes rentas que, según él, salen del país. Petro se opone a que la nación pague deudas privadas con recursos adicionales al presupuesto, considerándolo una «injusticia que no permito».
La solución propuesta por el Gobierno, según el presidente, es construir un sistema sin las EPS como intermediarias financieras. En su lugar, las EPS se convertirían en gestoras de la referencia del sistema preventivo al asistencial, los servicios serían pagados directamente por el Estado a clínicas y hospitales, y los pacientes podrían escoger libremente la clínica en su territorio. Además, plantea la creación de un sistema universal de atención preventiva y primaria en toda la geografía del país, destacando que la prevención es el «verdadero abaratador del sistema de salud». Afirma que ya se han cubierto más de 5 millones de familias con atención preventiva y primaria y se han contratado 90.000 personas para integrar este nuevo sistema.
Finalmente, el presidente ha manifestado su acato a la sentencia judicial, señalando que, según lo comunicado por la Corte, el fallo versa sobre «irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas». Esto implica que Sanitas pasa a ser libre de intervención y, por tanto, «responsable pleno de las leyes financieras y de la conformación de reservas técnicas y del pago de su deuda a la red hospitalaria».
Un Sistema en Crisis: Problemas de Financiación y el Camino Hacia Adelante
Desde la perspectiva de Sanitas, se necesita «un milagro transitorio» y exigen que el Gobierno de Colombia, como «único responsable» de la crítica situación actual, cumpla con su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema. Solo con la dotación de recursos necesarios y la contribución concertada de todos los actores del sistema, creen, se podrá superar este periodo crítico sin que el sistema colapse. Para que este «milagro» se materialice, proponen una «coalición ética y técnica» que permita la reconstrucción con el involucramiento de empleados, directivos, redes de prestadores, usuarios, servidores públicos, partidos políticos y la sociedad civil. A pesar de sentir que les han devuelto una «estructura y alma» dañadas, están decididos a reconstruir Sanitas, motivados por el «amor a la vida, a la salud y a Colombia», y advierten que, si el Gobierno no cumple con sus obligaciones, no les quedará otra alternativa que «desistir» de su voluntad de seguir adelante.
La tensión entre la visión de un sistema de salud basado en la intermediación de aseguradoras y la propuesta de un modelo más directo y preventivo por parte del Gobierno continúa. La sentencia de la Corte Constitucional añade una nueva capa a este complejo debate, obligando a redefinir roles y responsabilidades en un sector vital para millones de colombianos. La búsqueda de una solución que garantice la atención de salud de calidad y sostenible en el tiempo sigue siendo el principal desafío.
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