Bogotá, 18 de junio de 2025 (@MinInterior) — En medio del revuelo político generado por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que convocaba a una Consulta Popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó clara la posición del Gobierno nacional: el foco inmediato no es jurídico, sino legislativo.
Durante una declaración a medios, el jefe de la cartera política subrayó que lo esencial en estos momentos es asegurar que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, nombre los conciliadores, que se apruebe el texto previamente avalado en el Senado y que se dé paso a la votación de la conciliación.
“Lo único que preocupa ahora realmente es lo político: que se nombre la comisión de conciliadores, que se apruebe el texto del Senado y que se vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto”, indicó Benedetti.
Suspensión provisional del decreto: ¿una controversia jurídica o un choque de cortes?
Ante el pronunciamiento del Consejo de Estado, Benedetti sostuvo que jurídicamente no se requería un concepto previo para expedir el decreto de convocatoria de la consulta, como lo sugiere la medida cautelar. Reiteró que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la validación del decreto corresponde exclusivamente a esta última.
“La ley dice que no se requiere concepto previo. La Corte Constitucional también lo ha dicho. Nosotros remitimos el decreto a la Corte, y es allí donde debe decidirse si es inconstitucional o no”, explicó.
El ministro advirtió, además, que el Consejo de Estado estaría excediendo sus funciones al opinar sobre la constitucionalidad del acto, lo cual podría desembocar en un “choque de cortes”.
“No es el Consejo de Estado quien puede decir que el decreto es inconstitucional. Esa discusión podría derivar en un conflicto entre corporaciones judiciales, y eso es lo último que el país necesita en estos momentos”, alertó.
“Lo urgente es legislar”: Reforma Laboral en el centro del debate
Más allá del debate legal, Benedetti fue enfático en señalar que el Gobierno está concentrado en sacar adelante la Reforma Laboral, cuya votación final se espera para el próximo viernes. A su juicio, esta reforma representa un avance sustancial para el país, y el trámite en el Congreso debe mantenerse libre de controversias jurídicas paralelas.
“Esa es una pelea jurídica que poco interesa entre hoy y el viernes. Mientras se apruebe un buen proyecto de ley, lo único importante es que no se necesita el decreto para convocar elecciones”, afirmó.
El ministro también se refirió a las declaraciones de algunos sectores políticos que han acusado al Gobierno de entorpecer el proceso legislativo, y aclaró que la responsabilidad está también en manos del Congreso.
Posición frente a los alcaldes y el presupuesto en seguridad
En otro tramo de su intervención, Benedetti respondió a críticas provenientes de varios alcaldes del país, quienes han manifestado preocupación por supuestos recortes en el presupuesto destinado al Ejército. Según el ministro, la responsabilidad en materia de seguridad es compartida y no puede atribuirse exclusivamente al Gobierno central.
“Es una paradoja: cuando la seguridad mejora, los alcaldes se adjudican el mérito, pero cuando se deteriora, culpan al Gobierno. La seguridad también depende de sus políticas públicas, su trabajo con la comunidad y sus decisiones locales”, puntualizó.
“La consulta no se cae, solo se aplaza”
El ministro también reiteró que la consulta popular —aunque suspendida provisionalmente— no se ha descartado como mecanismo de participación. Aclaró que el decreto puede ser objeto de validación o ajuste una vez la Corte Constitucional se pronuncie.
“Lo hemos dicho muchas veces: no se necesita el decreto para seguir adelante. La consulta no se cae, solo se aplaza hasta que las condiciones jurídicas y políticas estén alineadas”, concluyó Benedetti.
Conclusión
En un contexto político altamente polarizado, las declaraciones del ministro Benedetti buscan mantener el rumbo legislativo del Gobierno y tranquilizar los ánimos frente a decisiones judiciales que —según su interpretación— no tienen el peso suficiente para frenar la reforma estructural que se está debatiendo en el Congreso.
Con la reforma laboral como eje de las prioridades del Ejecutivo, y con una convocatoria a la consulta popular aún sujeta a evaluación constitucional, el pulso entre las ramas del poder público continúa, pero el Gobierno apuesta a cerrar esta legislatura con avances concretos que refuercen su agenda progresista.
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