El ministro Armando Benedetti denunció presuntas irregularidades cometidas durante la plenaria del Senado. La consulta popular impulsada por el Gobierno fue negada por mayoría mínima.
Montería, Córdoba, 15 de mayo de 2025 (@MinInterior) – En medio de una gira por el Caribe colombiano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció públicamente lo que calificó como un «fraude procesal» en la plenaria del Senado durante la votación de la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional. Según el funcionario, se cometieron irregularidades que alteraron el resultado de la votación y vulneraron el debido proceso legislativo.
Durante su intervención ante alcaldes y gobernadores del Caribe, Benedetti señaló directamente al presidente del Senado, Iván Cepeda, y al secretario de la corporación, como responsables de haber cometido un presunto fraude al permitir la modificación de votos cuando el registro ya había sido cerrado.
“A Cepeda se le va a demandar penalmente, debido a que hubo fraude procesal; hicieron toda una tramoya y contaron o aclararon un voto cuando no se podía. Cambiaron la decisión”, afirmó el ministro del Interior.
El ministro también aseguró que se interpondrán tres acciones jurídicas: una denuncia penal contra los responsables, una acción de nulidad de la votación y una tutela por la presunta vulneración al derecho de voto de algunos senadores a quienes no se les permitió ejercerlo.
La polémica en el Congreso
El pasado 14 de mayo, la plenaria del Senado rechazó el concepto favorable que requería el Gobierno para avanzar con la consulta popular que pretendía someter a votación ciudadana algunos aspectos de la reforma laboral, archivada previamente por la Comisión Séptima. Con 49 votos por el «no» y 47 por el «sí», la iniciativa fue descartada, pese al intento del Ejecutivo por revivir el proyecto.
Previo a esa votación, el Senado había aprobado una apelación presentada por los senadores Ariel Ávila y Pedro Flórez, la cual permite que la reforma laboral continúe su trámite en una comisión diferente, dando una segunda oportunidad a la iniciativa.
Gobierno insiste en acudir al pueblo
A pesar del revés legislativo, Benedetti aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo su propuesta laboral y, además de la vía judicial, explorará opciones de concertación con diferentes sectores sociales.
“Vamos a preguntarle al pueblo y que sea él quien nos diga si no aceptamos el fraude y volvemos a presentar las preguntas para hacer una consulta”, señaló Benedetti, dejando entrever la posibilidad de convocar nuevamente una consulta popular en el futuro.
El ministro también se refirió a la apelación ganada en el Senado como una “luz de esperanza” y destacó que la reforma laboral aún tiene posibilidad de ser discutida y aprobada en el Congreso antes del 20 de junio, fecha límite para que el proyecto culmine su trámite legislativo.
Reacciones políticas y panorama legislativo
La denuncia de Benedetti ha generado reacciones divididas en el Congreso. Mientras sectores del Pacto Histórico respaldan la postura del Gobierno, desde la oposición se ha cuestionado la insistencia del Ejecutivo en avanzar con una reforma sin el respaldo parlamentario suficiente.
Por su parte, el presidente del Senado, Iván Cepeda, no se ha pronunciado formalmente sobre las acusaciones del ministro del Interior, aunque fuentes cercanas a su despacho aseguran que el procedimiento se llevó a cabo conforme a lo establecido en el reglamento interno del Congreso.
Una consulta en medio de controversia
La consulta popular propuesta por el Ejecutivo habría costado, según estimaciones de la Registraduría Nacional, cerca de 700 mil millones de pesos. La negativa del Senado pone fin, por ahora, a este mecanismo de participación ciudadana, mientras se mantiene viva la discusión sobre la reforma laboral en otras instancias legislativas.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, continúa promoviendo su agenda de reformas sociales, a pesar de las resistencias en el Congreso. Las próximas semanas serán clave para determinar si la reforma laboral logra avanzar en sus debates restantes o si el Ejecutivo opta por insistir en nuevas vías de consulta o negociación.
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