La iniciativa presentada por el presidente Gustavo Petro será debatida en el Congreso y plantea reformas laborales y sociales de gran calado.
El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha presentado al Congreso de la República una propuesta de Consulta Popular con 12 preguntas dirigidas a transformar aspectos fundamentales del modelo laboral colombiano. Esta medida busca incorporar directamente la voz de la ciudadanía en decisiones clave para el futuro del trabajo, los derechos sociales y la formalización laboral.
La Consulta Popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política de Colombia (artículo 103), y está regulada por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. En esta ocasión, se trata de una iniciativa de trascendencia nacional que requiere concepto favorable del Senado para ser convocada por el presidente de la República.
¿Qué sigue en el proceso?
El Senado de la República tiene un mes para emitir su concepto. Si este es favorable o vence el plazo sin decisión, el presidente podrá convocar la votación nacional, la cual deberá realizarse dentro de los siguientes tres meses.
Para que la consulta tenga efectos legales obligatorios, deberá participar al menos la tercera parte del censo electoral, y cada pregunta deberá recibir el “sí” de la mitad más uno de los votantes. En caso de aprobación, el Congreso estará obligado a tramitar una ley en el mismo o siguiente periodo de sesiones. Si esto no ocurre, el presidente podrá expedir un decreto con fuerza de ley en un plazo de 15 días.
Las 12 preguntas de la Consulta Popular
Estas son las preguntas que se someterán a decisión de los colombianos:
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas reciban tasas preferenciales e incentivos?
- ¿Está de acuerdo con permitir permisos laborales por tratamientos médicos o licencias menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y otras instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo en que los trabajadores de plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con un régimen laboral especial para que empresarios del campo garanticen derechos laborales a trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violen derechos?
- ¿Está de acuerdo en formalizar a trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, artistas y otros informales?
- ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo en constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos?
Participación ciudadana
La participación en esta consulta será voluntaria, pero el Gobierno ha insistido en la importancia de que los ciudadanos se informen y participen activamente. Se establecerán mecanismos para garantizar que los colombianos en el exterior también puedan votar.
La iniciativa busca responder a una serie de demandas históricas del movimiento laboral, así como dignificar el trabajo informal, cerrar brechas de desigualdad y promover condiciones laborales justas, con enfoque en poblaciones vulnerables como campesinos, trabajadores informales, mujeres y personas con discapacidad.
¿Por qué es importante esta Consulta?
Esta Consulta Popular marca un precedente en el uso de los mecanismos de participación directa en Colombia para definir políticas públicas que impactan a millones de trabajadores. El gobierno considera que, ante los obstáculos para la aprobación de reformas laborales en el Congreso, la consulta a la ciudadanía es un camino legítimo y democrático para avanzar.
Con este proceso, el país podría entrar en una nueva etapa de modernización laboral con enfoque en derechos humanos, equidad y justicia social.
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