Bogotá D.C., 18 de febrero de 2025 – La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que las acciones lideradas por Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fueron clave para corregir a tiempo irregularidades en la compra de predios destinados a la Reforma Rural Integral. Harman, quien asumió el cargo en febrero de 2024, encendió las alarmas y evitó una afectación mayor al patrimonio público.
Tras una auditoría especial, la CGR destacó que la intervención de Harman no fue caprichosa, sino oportuna. Al llegar a la ANT, el director conformó la Mesa de Seguimiento a Casos Críticos, un órgano colegiado encargado de revisar a profundidad los procesos de compra de tierras que presentaban atrasos y reclamaciones. Esta medida permitió blindar los procedimientos y proteger los recursos públicos.
La auditoría, que abarcó los procesos de adquisición de predios desde 2022 hasta abril de 2024, reveló que el equipo de Harman evitó pérdidas significativas al no concluir adquisiciones que presentaban irregularidades. Además, se solicitó el acompañamiento de los entes de control para garantizar transparencia y legalidad en los procesos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la inviabilidad técnica de algunos predios adquiridos por la ANT. Las comunidades habían alertado sobre la falta de aptitud agrícola en varias propiedades, lo que las hacía inadecuadas para los fines de la Reforma Rural Integral. La Contraloría señaló que las herramientas de análisis utilizadas en administraciones anteriores presentaban limitaciones, lo que afectó la emisión de conceptos confiables por parte de los profesionales agrónomos.
Un caso emblemático fue el del predio Cachorros, en Puerto Gaitán, Meta, valorado en 38.675 millones de pesos. Solo se había pagado el 30% del valor (11.602 millones de pesos), evitando así un posible detrimento patrimonial por el 70% restante mientras se esclarecían las irregularidades. La CGR determinó que la compra se había viabilizado sin cumplir las condiciones mínimas establecidas en el Acuerdo 329 de 2014, lo que evidenció la falta de rigor en la administración anterior.
En su informe final, la Contraloría instó a la ANT a subsanar los hallazgos y enmarcar sus futuras actuaciones con mayor rigor legal. En respuesta, la Dirección de Acceso a Tierras elaboró un plan de mejoramiento, ya comunicado al ente de control, que incluye acciones factibles de cumplirse en corto tiempo.
Este caso refuerza la importancia de la transparencia y la gestión responsable en la administración pública, destacando el liderazgo de Felipe Harman y su equipo en la protección de los recursos del Estado.
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