La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advierte sobre el impacto negativo de un proyecto del Gobierno Nacional, denominado «decretazo navideño», que busca modificar los Decretos 1074 y 1072 de 2015. Estas modificaciones afectarían la operación formal y los avances en la calidad turística logrados por el país en los últimos años.
El borrador del proyecto, relacionado con el Registro Nacional de Turismo (RNT), generaría un impacto profundo sobre miles de prestadores de servicios turísticos, especialmente los más pequeños.
Acoga denuncia que, a pesar de la magnitud de los cambios, no se realizaron mesas técnicas ni procesos de socialización sectorial para anticipar los efectos operativos, económicos y territoriales que su entrada en vigor inmediata puede generar.
Aumento de Burocracia e Incentivo a la Informalidad
El cambio fundamental que observa Acoga es el paso drástico de las gestiones del RNT, basadas en declaraciones bajo gravedad de juramento, a la exigencia de soportes y verificaciones. Esto transforma un trámite accesible en un proceso complejo, eliminando la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante.
Acoga advierte que el nuevo decreto:
- Aumenta la burocracia y tramitología, haciendo más dispendiosos los trámites.
- Podría colapsar a las autoridades e institucionalidad encargadas de estos procesos o verificaciones.
Desde 2021, la expedición de RNT creció más del 100%, registrando 112 mil prestadores formales. Sin embargo, Acoga teme que los nuevos costos y trámites propuestos lleven a muchos prestadores a prescindir de la renovación.
“Si se elevan las barreras de manera abrupta y sin transición, el efecto puede ser contrario a la intención declarada, al evidenciarse un incentivo a la informalidad y a la operación ilegal, lo que afecta al recaudo tributario y a las familias y destinos dependientes del turismo”, indicó la asociación.
Además de la reforma al RNT, esta medida se suma a otras cargas propuestas, como la posibilidad de ilegalizar contratos de tercerización, lo que hace «cada vez mas insostenible la operación formal de un ecosistema productivo mipyme como el colombiano».
Acoga considera respetuosamente que el proyecto de decreto requiere de espacios técnicos de revisión y evaluación de impactos.
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