La muerte de una adolescente de 17 años en zona rural de Ocaña ha estremecido nuevamente al Catatumbo y encendido las alarmas sobre los vacíos en el acompañamiento institucional a menores desvinculados de grupos armados. Su cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, representa más que una pérdida humana: es el reflejo del abandono, la fragmentación institucional y la violencia que persiste en esta zona del país.
Según la Asociación Madres del Catatumbo por la Vida y la Dignidad, la joven había sido entregada a las autoridades tras su rescate de un grupo armado, con la esperanza de que el Estado pudiera garantizarle un proceso de restablecimiento de derechos y una oportunidad real de reintegración a la vida civil. Sin embargo, el desenlace fue trágico.
“Desde el corazón dolido de una madre del Catatumbo, alzamos la voz para denunciar el abandono, la violencia y la impunidad que siguen destruyendo nuestras comunidades y nuestras familias”, expresó la organización en un conmovedor comunicado.
Un proceso lleno de traslados y silencios
De acuerdo con información divulgada por medios nacionales y versiones de las propias madres organizadas, la menor fue puesta inicialmente bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Cúcuta. Posteriormente, y tras haber sido devuelta a su madre, el caso fue asumido por la seccional del ICBF en Floridablanca, que ordenó su traslado a un centro psiquiátrico en el departamento de Antioquia.
La decisión de llevarla a un entorno hospitalario fue duramente cuestionada por quienes la conocían y por las organizaciones que la acompañaban. Según relataron, la adolescente no requería atención psiquiátrica especializada, sino un entorno seguro y estable que facilitara su reintegración. En un video grabado antes de su desaparición, la joven denunció las condiciones en las que se encontraba, y posteriormente escapó del centro.
No se supo nada más de ella hasta hace pocos días, cuando su cuerpo fue hallado sin vida y en estado de descomposición en una zona rural de Ocaña.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la causa de su muerte fue producto de un enfrentamiento armado o si se trató de un homicidio. La incertidumbre que rodea su fallecimiento ha incrementado el dolor de su familia y la indignación de las organizaciones sociales.
Denuncia y clamor por justicia
La Asociación Madres del Catatumbo —que ha venido documentando casos de feminicidios, reclutamiento forzado, desapariciones y asesinatos en la región— pidió una investigación urgente para determinar si hubo negligencia o fallas en la atención institucional brindada a la menor.
«Esta tragedia no es aislada. Nos siguen matando a las mujeres y a nuestras hijas. En lo que va del año ya son 18 mujeres asesinadas en Norte de Santander, ocho solo en este mes. No hay justicia, no hay investigaciones, no hay garantías. La vida de una mujer en esta región parece no valer nada», afirmaron.
Además, señalaron que la familia de la menor, residente en Tibú, no cuenta con los recursos económicos ni con los documentos necesarios para reclamar su cuerpo. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres, se comunicó con la organización para brindar apoyo en la gestión de la documentación y los trámites necesarios.
Un caso que revela fallas estructurales
El caso ha encendido nuevamente el debate sobre el papel del Estado y la responsabilidad institucional en la protección y el seguimiento de menores desvinculados de grupos armados. Diversas organizaciones sociales han reiterado que estos niños y niñas requieren atención diferencial, acompañamiento psicosocial, garantías de no repetición y, sobre todo, un entorno seguro y confiable que les permita sanar y construir un futuro.
A su vez, exigen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un pronunciamiento oficial y transparente sobre lo ocurrido, así como la activación inmediata de los protocolos de atención en este tipo de casos. Hasta el cierre de esta edición, la entidad no se ha pronunciado públicamente.
Más allá del caso individual
Organizaciones como las Madres del Catatumbo advierten que este caso no es un hecho aislado. La región sigue marcada por la presencia de actores armados, los enfrentamientos, el reclutamiento forzado de menores, los desplazamientos masivos y la violencia estructural que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes.
“¡No más niñas muertas! ¡No más madres llorando en soledad! ¡No más impunidad!”, concluye el comunicado de las Madres del Catatumbo.
La comunidad y las organizaciones de derechos humanos piden que este caso no sea archivado como uno más, sino que se convierta en un punto de inflexión para revisar, corregir y fortalecer los mecanismos de protección para los menores y adolescentes en riesgo.
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