Judicializan al exalcalde de Cúcuta Jairo Yáñez por presuntas irregularidades en contrato del Malecón
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exmandatario y a la exdirectora de Planeación de Cúcuta por el presunto uso indebido de recursos públicos en un contrato por más de $8.600 millones.
Cúcuta – En el marco de las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, fueron judicializados el exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez Rodríguez (2020-2023), y la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Marcela Rodríguez Camacho, por su presunta responsabilidad en irregularidades contractuales durante su administración.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó cargos por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, relacionado con un contrato suscrito en julio de 2023 con una unión temporal, cuyo objeto era la rehabilitación y embellecimiento del espacio público del Malecón, ubicado en la avenida Libertadores de la capital nortesantandereana.
Recursos para vías, usados en el Malecón
Según la investigación, el contrato, cuyo valor ascendía a $8.669.931.912, fue financiado con recursos de un rubro destinado originalmente para obras viales incluidas en el acuerdo municipal de 2017. Sin embargo, el proyecto del Malecón no hacía parte de ese plan.
El material probatorio recogido por el ente acusador indica que fue el propio exalcalde quien habría autorizado y delegado al Departamento de Planeación la tramitación de pagos con esos recursos, pese a no estar destinados para ese fin.
Cargos no fueron aceptados
Tanto Yáñez Rodríguez como Rodríguez Camacho no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía durante la audiencia de imputación. El proceso continuará bajo la supervisión de la autoridad judicial competente.
Este caso hace parte de los esfuerzos de los organismos de control por investigar y sancionar posibles actos de corrupción administrativa en entidades públicas del país.
El proceso continuará su curso en los próximos meses, mientras la ciudadanía permanece atenta a las decisiones de la justicia en uno de los casos que podría marcar un precedente en la gestión de recursos públicos en la región.
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