Fecoljuegos, gremio que representa a operadores de juegos de suerte y azar en Colombia, advierte sobre las implicaciones que tendría la implementación de un IVA para los juegos online, según lo propuesto desde algunos sectores en el marco del Decreto de conmoción interior. Esta medida no solo pondría en riesgo la estabilidad financiera de un sector clave para la economía digital, sino que además alteraría el equilibrio contractual entre las empresas actualmente autorizadas y el Estado, comprometiendo el modelo que ha permitido el crecimiento sostenible de esta industria.
El sector de juegos online en Colombia opera bajo estricta regulación establecida por Coljuegos, la cual establece las condiciones técnicas, legales y financieras para su operación. Este modelo ha sido fundamental para garantizar el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de esta actividad económica, así como la generación de ingresos destinados a la financiación del sistema de salud, al tiempo que fomenta la legalidad, transparencia y la formalidad de esta industria. En el tercer trimestre de 2024, los juegos online aportaron $231.343 millones al sistema de salud de los colombianos y generó 150.000 empleos formales, consolidándose como un pilar de la transformación digital en el país.
Es por esto, que desde Fecoljuegos se reitera la necesidad de que cada iniciativa tendiente a aumentar la carga tributaria de este sector tenga como punto de partida el conocimiento de las condiciones de operación técnica del juego, su modelo económico, las condiciones de los contratos de concesión vigentes y los riesgos de cualquier medida que pueda afectar la estabilidad de esta actividad económica. De igual manera, es fundamental que las estimaciones de recaudo por una nueva medida fiscal que impacte el negocio se realicen sobre cifras fidedignas y proyecciones certeras.
Por lo anterior, se advierte que gravar con IVA las operaciones de los juegos online como se ha planteado hasta el momento, representaría un desbalance en el equilibrio contractual en las concesiones para la operación de juegos online, afectando directamente la sostenibilidad del sector. «El modelo actual ya opera con márgenes limitados, debido a que cerca del 97% de lo apostado se retorna en premiación a los jugadores, los derechos de explotación y gastos de administración a cargo, lo que deja a los operadores con ingresos netos limitados para cubrir los altos costos operativos. Un impuesto adicional comprometería la viabilidad de las empresas autorizadas y, por ende, los ingresos destinados al Estado», señaló Fecoljuegos.
Además, la medida podría generar un efecto adverso al incentivar el crecimiento de plataformas ilegales, que no cumplen con las exigencias regulatorias y frente a las cuales las medidas gubernamentales para contrarrestarlas han resultado insuficientes. Esto no solo incrementaría el riesgo para los jugadores, al operar en un entorno no supervisado, sino que también privaría al país de recursos esenciales que hoy aporta la industria legal para financiar programas de salud y desarrollo social.
Fecoljuegos reitera la necesidad de preservar el equilibrio económico en los contratos de concesión suscritos entre los operadores y el Estado, asegurando que cualquier modificación tributaria o normativa considere el impacto integral sobre el nuestra industria y la economía en general. Asimismo, hace un llamado a buscar soluciones que fortalezcan la formalidad, legalidad, protejan los recursos de la salud y eviten el debilitamiento de una industria que ha demostrado ser un motor de empleo, innovación y desarrollo económico.
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