Una fuerte alerta emitió el Gobierno Nacional tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, mediante auto del 11 de mayo, de suspender provisionalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026. Según el Ejecutivo, esta medida judicial genera un «grave impacto» en la sostenibilidad financiera del sistema y pone en riesgo el pago de las obligaciones pensionales de miles de colombianos.
La controversia radica en que el decreto suspendido buscaba reglamentar el traslado de los recursos de los ciudadanos que optaron por la oportunidad excepcional de cambio de régimen (de fondos privados a Colpensiones) prevista en la Ley 2381 de 2024. Al quedar sin efectos la norma, los ahorros de estos afiliados permanecen en las administradoras privadas, impidiendo que Colpensiones cuente con el capital para financiar las prestaciones de quienes ya consolidaron su situación jurídica.
Un sistema bloqueado por la incertidumbre jurídica
El Gobierno advirtió que la decisión judicial genera un bloqueo operativo en el sistema. El argumento central del Consejo de Estado para la suspensión es que el Decreto 415 se basaba en la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), la cual se encuentra suspendida por la Corte Constitucional desde hace dos años.
Ante este vacío, el marco jurídico vigente vuelve a ser la Ley 100 de 1993, la cual prohíbe taxativamente la pertenencia simultánea a dos regímenes. No obstante, el Gobierno enfatiza que:
- Inviabilidad financiera: No es jurídicamente exigible que Colpensiones pague pensiones si los recursos destinados a financiarlas están «atrapados» en los fondos privados.
- Riesgo para el afiliado: La suspensión total del decreto materializa un riesgo mayor para el ciudadano que el que se pretendía evitar, pues queda en un «limbo» donde su ahorro está en un lado y su derecho pensional en otro.
Llamado a la sostenibilidad
El Ministerio de Hacienda y Colpensiones reiteraron que, según el artículo 48 de la Constitución, se debe respetar el principio de sostenibilidad financiera. «Es imposible exigir a Colpensiones el pago de sus obligaciones cuando se niega el traslado de los ahorros de los afiliados para su financiación», señala el comunicado oficial.
Finalmente, el Gobierno aclaró a los ahorradores que los recursos en controversia mantienen su destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones, mientras se busca una salida jurídica que permita destrabar la operación del sistema y garantizar el flujo de los capitales hacia el régimen de prima media.
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