El municipio de Tibú, ubicado en la convulsa región del Catatumbo en Norte de Santander, fue escenario de una trágica masacre el pasado 15 de enero de 2025. Miguel Ángel López y Zulay Durán, propietarios de una funeraria local, fueron asesinados junto a su bebé de nueve meses por individuos que les dispararon desde una motocicleta mientras se desplazaban en su vehículo fúnebre. Un hijo de 10 años sobrevivió al ataque y fue auxiliado por vecinos de la zona.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, condenó enérgicamente este acto violento y expresó su solidaridad con las familias afectadas. En sus declaraciones, Villamizar enfatizó la importancia de respetar la unidad familiar y proteger a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la región. Además, anunció la asignación de una recompensa de 100 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita la captura de los responsables de esta masacre.
Las autoridades locales han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los móviles del crimen y determinar la autoría del mismo. Aunque hasta el momento ninguna agrupación al margen de la ley se ha atribuido el hecho, la zona de La Llana, donde ocurrió el ataque, es conocida por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial y de actividades ilícitas en el Catatumbo.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la tragedia, condenando el asesinato de la familia y ordenando a las autoridades competentes acelerar las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia. Petro reafirmó el compromiso del gobierno nacional en garantizar la seguridad y protección de la población civil en las regiones afectadas por el conflicto armado.
La comunidad de Tibú y organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por el incremento de la violencia en la región, que ha generado desplazamientos forzados y afectado la vida cotidiana de sus habitantes. Hacen un llamado urgente a los grupos armados para que cesen las hostilidades y respeten los derechos fundamentales de la población civil.
Este lamentable incidente resalta la compleja situación de seguridad en el Catatumbo, una región históricamente afectada por la presencia de diversos actores armados ilegales que disputan el control de rutas estratégicas y economías ilícitas. Las autoridades locales y nacionales enfrentan el desafío de implementar estrategias efectivas que promuevan la paz y la estabilidad en esta zona del país.
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