El ministro del Interior asegura que la decisión del Congreso fue ilegítima y confirma que el decreto se firmará antes del 12 de junio
Bogotá, 3 de junio de 2025 — La disputa política en torno a la consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la restitución de derechos laborales llegó a un punto álgido. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este lunes que el Gobierno nacional firmará el decreto que convoca oficialmente la consulta, en medio de crecientes tensiones con el Congreso de la República y una oleada de críticas que no se han hecho esperar desde la oposición.
“El Gobierno está comprometido con el derecho del pueblo a decidir”, sentenció Benedetti en una intervención pública. “Vamos a firmar el decreto, y lo vamos a hacer bien, con sustento jurídico, legitimidad y transparencia. Lo que pasó en el Senado fue una vergüenza institucional”, añadió, haciendo referencia a la fallida sesión del pasado 14 de mayo en la que no se logró votar el mecanismo de consulta.
Decretar lo que el Congreso no aprobó: ¿golpe o corrección?
El anuncio del ministro se da luego de que el Congreso, en medio de tensas jornadas legislativas, no lograra avanzar en el trámite de la consulta popular presentada por el Ejecutivo como una vía para rescatar aspectos centrales de la reforma laboral. Para Benedetti, el Congreso incurrió en prácticas ilegítimas, “jugaditas” y “fraudes” que impidieron una votación transparente. Asegura que hubo cinco votos a favor que no fueron tenidos en cuenta.
Frente a las críticas del senador Efraín Cepeda, quien calificó como un “golpe de Estado” la intención del Ejecutivo de emitir un decreto, Benedetti respondió tajantemente: “Cepeda no es constitucionalista ni fue un presidente del Senado con garantías. Aquí lo único que hubo fueron actos espurios para bloquear una herramienta democrática.”
Legalidad bajo análisis: la Corte decidirá
El decreto que convocará a las urnas aún no ha sido publicado, pero el ministro reveló que ya existe un borrador que está siendo revisado por expresidentes de la Corte Constitucional, juristas y magistrados. La fecha límite para su expedición, según Benedetti, es el 12 de junio, contando ocho días hábiles desde la inacción del Congreso. Una vez expedido, el documento deberá ser evaluado por la Corte Constitucional, órgano competente para revisar este tipo de actos administrativos.
“El decreto saldrá con fecha, con argumentos y con legalidad. Y, una vez expedido, será la Corte Constitucional la encargada de evaluarlo”, afirmó.
¿Consulta con plan A, B, C…?
El ministro Benedetti también enfatizó que el Gobierno no dejará de insistir en recuperar los derechos laborales, y tiene listos múltiples caminos: “Vamos con el plan A, B, C, D y E. Si no fue en el Congreso, será con la voz del pueblo en las urnas.”
La consulta, en cualquiera de sus versiones, buscaría preguntar a los ciudadanos si apoyan el restablecimiento de normas laborales que se consideran perdidas o debilitadas, como el pago justo por horas, la contratación estable y los derechos sindicales.
Una pugna con impacto jurídico y político
Desde sectores jurídicos se ha señalado que la viabilidad del decreto será materia de debate legal. Mientras Benedetti insiste en que la Corte Constitucional es el órgano que debe evaluarlo —por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana—, otros opinan que podría ser el Consejo de Estado quien analice la legalidad del acto. “Hay múltiples caminos jurídicos por recorrer, y estamos preparados para todos ellos”, advirtió.
Análisis: ¿se abre una nueva puerta para el Ejecutivo?
Lo que está en juego no es solo una consulta. Es la capacidad del Gobierno nacional de sortear los bloqueos legislativos y acudir directamente al pueblo como instancia de legitimación. Para algunos, se trata de un uso legítimo del poder constitucional. Para otros, una forma de evadir el debate democrático.
En cualquier caso, lo que se avecina es un debate de alta tensión jurídica, institucional y política. La consulta no solo definirá un rumbo en política laboral, sino que podría sentar un precedente en la forma en que el Ejecutivo responde ante la parálisis legislativa.
El decreto, que incluirá la fecha de votación, deberá estar firmado antes del 12 de junio. El país entero estará pendiente del contenido del documento, de su revisión en la Corte Constitucional y del posible llamado a las urnas en uno de los momentos políticos más tensos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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