El Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio la razón a la Superintendencia Nacional de Salud y tumbó un fallo de tutela que le había ordenado la suspensión de la intervención administrativa del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, y el reintegro de Jairo Pinzón López a la gerencia del centro asistencial.
Al revocar lo actuado por el juez segundo del circuito judicial de Cúcuta, Germán Alberto Rodríguez Manasse, el Tribunal aseguró que no comparte la decisión adoptada por este, porque considera que en las actuaciones administrativas adelantadas por la Supersalud no existió vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del exgerente del hospital, por lo que revocó la sentencia de primera instancia.
El alto tribunal además sostuvo que Pinzón López contaba con otro mecanismo de defensa para garantizar la protección de sus derechos laborales y que este no es la tutela. Asegura, igualmente, que la toma de posesión de la Supersalud no es un proceso sancionatorio ni disciplinario en el que se requiera contar con la presencia explícita del exgerente, debido a que lo que se está juzgando es la situación de la entidad y no la conducta del funcionario. Además, este tuvo la oportunidad de presentar planes de mejoramiento en las acciones de inspección y vigilancia previas a la medida y no lo hizo.
Al haberse adoptado la decisión por parte del ente judicial, el Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, Germán Guerrero Gómez, anunció que el agente interventor designado, Yamil Blel Cervantes, reasumió sus funciones a partir de hoy y continuará la ejecución del plan de acción diseñado para subsanar los hallazgos, fortalecer la atención de los servicios para Ocaña y su área de influencia y para sacar adelante la institución. Cabe señalar que el señor Jairo Pinzón López renunció a su cargo en forma irrevocable este lunes 15 de febrero, luego de llevar menos de un mes al frente del hospital.
Los hallazgos que motivaron la intervención Como se recordará, la Superintendencia ordenó el pasado 11 de noviembre la intervención del hospital tras identificar 87 hallazgos de tipo administrativo, financiero, jurídico yasistencial que ponían en riesgo la atención de los usuarios y los recursos del sistema de salud, hallazgos que se sumaron a los encontrados por el agente interventor y los cuales fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en donde cursan las investigaciones. Entre los hallazgos se encuentran:
• Concentración de contratos en pocos proveedores: Se identificó un favorecimiento con 6 contratistas por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020.
Entre las posibles irregularidades se encontraron el no cumplimiento de requisitos; contratación directa, al identificarse que la mayoría de los contratos se adelantan bajo este proceso de selección, sin que se garanticen la pluralidad de oferentes; falta de sustento técnico y de estudios de mercado y financieros.
Así mismo, se evidenció el pago de anticipos sin justificación y sin un adecuado seguimiento del uso y manejo de los recursos.
• Medicamentos sin soportes legales. El equipo auditor identificó medicamentos que no estaban relacionados en ningún contrato y ascienden hasta $3.085 millones, lo que podría configurarse en hechos cumplidos.
• Presunta nómina paralela. Contratos sin planeación y mucho menos estudio de cargas laborales.
• Solo $26.752 millones serían recuperables. Presunta sobreestimación de los activos de la empresa, pues de los $94.469 millones registrados en cuentas por cobrar, tan solo $26.752 millones serían recuperables.
• No cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones. Se estima que los pasivos del hospital podrían pasar de $18.297 millones a $29.300 millones.
• Procesos judiciales por más de $14 mil millones. Se identificó una subestimación del pasivo de la entidad por el no reconocimiento o registro de la totalidad de procesos judiciales, esto significa que el valor no contabilizado asciende $14.752 millones y corresponde a fallos condenatorios que superan los $2.564 millones y $12.188 millones de procesos en curso con un alto riesgo de pérdida.
• El recaudo solo alcanza para cubrir el 50% de la operación corriente del hospital.
• Cancelación de más de 600 citas agendadas. Se identificó falta de oportunidad en el acceso a consultas con especialidades sin especificar razones de peso, dificultando la accesibilidad de los pacientes con la oportunidad requerida.
• Prestación de servicios sin previa habilitación de la Secretaría de Salud. El centro asistencia ofertaba los servicios de ginecología, oncológica y perinatología, sin la respectiva habilitación y registro en el REPS; así como del servicio de endocrinología.
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