Un total de 231 hospitales públicos e instituciones particulares de salud de todos los territorios del país se vieron beneficiadas con el saneamiento de cartera en los últimos seis meses, durante la gestión que desarrolló el Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, Luis Carlos Gómez.
Durante este periodo, también desde ese despacho se emitieron 1.499 sentencias o providencias judiciales, muchas de las cuales obligaron a las entidades administradoras de recursos (EPS) a dar solución inmediata a las demandas interpuestas por temas de cobertura, derecho a la vida y conflictos económicos de cerca de un millar de usuarios y prestadores que acudieron a la vía jurisdiccional de la Superintendencia.
“Valoro el compromiso desplegado en este periodo por nuestra área de Conciliaciones al proteger los recursos de la red de prestación en los territorios convocando a las entidades deudoras -generalmente EPS- a aclarar cuentas, ponerse al día con las obligaciones pendientes y sanear cartera; pero de igual manera reconozco la capacidad resolutiva de nuestra función jurisdiccional que, a través de providencias, posibilitó la consecución de ayudas terapéuticas, hospitalarias y quirúrgicas para cientos de pacientes que urgían soluciones de salud y para fallar en casos de glosas”, expresó el mencionado Superintendente.
Más de medio billón en Conciliaciones Por cuenta de la gestión de conciliaciones realizada por la Superintendencia en los últimos seis meses se logró la recuperación de cartera por 517.895 millones de pesos para 231 instituciones prestadoras de salud de 31 territorios, incluido Bogotá.
Estos resultados son muy superiores a los registrados entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, cuando se recuperaron $192.767 millones para 200 IPS de 17 departamentos .
“Frente a los montos y números de acuerdos conciliatorios se refleja un incremento del valor gestionado de 168%, y una actuación muy productiva y eficaz de nuestro equipo de conciliadores al concretar 398 acuerdos de pago y desistimientos que favorecieron tanto a la red pública como privada de prestación de servicios”, señaló el Delegado.
En total, durante los últimos seis meses se desarrollaron 14 jornadas de conciliación en los territorios, 8 más que en el periodo anterior, lo cual permitió que 124 prestadores nuevos, entre públicos y privados, se vieran beneficiados de la conciliación extrajudicial en derecho, con relación al periodo anterior.
Cabe destacar que la jornada realizada en abril de 2023 fue la primera destinada de manera prioritaria a la red pública hospitalaria, la cual tuvo resultados positivos para la aclaración de la deuda que los diferentes pagadores tienen con estas Empresas Sociales del Estado, obteniendo 35 arreglos conciliatorios por valor de 25.088 millones de pesos entre acuerdos y desistimientos para 16 hospitales así beneficiados.
En resumen, al comparar las dos gestiones de los periodos analizados, se evidencia que en la actual Superintendencia se han incrementado de manera significativa los logros en las cifras de jornadas de conciliación entre prestadores y EPS deudoras, así como en número de desistimientos y traslados a investigaciones por incumplimientos de las entidades convocadas.
Sobre este último punto, en el actual periodo se realizaron traslados de 138 constancias de asistencia a las distintas Superintendencias Delegadas de la Supersalud para que se efectuaran acciones de inspección y vigilancia de las entidades que no asistieron ni justificaron la inasistencia, sin que esto implique violación a la voluntariedad de las partes para conciliar o no en el marco de una audiencia.
Sentencias crecieron en 49% En el componente jurisdiccional, en los últimos seis meses la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación profirió un total de 1.499 sentencias derivadas de las demandas radicadas tanto por los usuarios como por los actores intervinientes en el sistema de salud.
De nuevo, al comparar los dos periodos analizados, se observa un aumento de 49% en la gestión de decisiones jurisdiccionales, que en la actual Superintendencia profirió 491 providencias más que las de la administración anterior.
Se destaca el incremento en la resolutividad o emisión de fallos relacionados con la protección de los derechos de los usuarios, que pasaron de 476 en el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, a 734 entre noviembre de 2022 y mayo de 2023. Esto significó un incremento de 54% en este tipo de procesos jurisdiccionales a favor de los ciudadanos que demandaron ante la Supersalud en busca de protección a sus necesidades como acceso a los servicios y tecnologías de salud que les eran negadas por las EPS a las que estaban afiliados.
Todas estas decisiones o sentencias emitidas en este periodo generaron un impacto en el componente de protección del flujo de recursos del sector salud, y en algunos casos de sus regímenes exceptuados, por valor de 5.202 millones de pesos.
Con esta gestión se da cumplimiento a los dos objetivos que se trazó a su llegada el actual Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, al finalizar el mes de agosto de 2022, de convertir a este ente de control sectorial de salud en el auténtico defensor del derecho a la salud de quienes habitan este país, así como en el protector de los recursos públicos asignados para el goce efectivo de este derecho, y de manera específica en este caso, procurando que los recursos del sistema finalmente lleguen a su principal destino que son las clínicas y hospitales públicos que son las entidades que en últimas atienden y les brindan los servicios de salud a los pacientes.
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