En defensa del derecho a la salud de las personas y la protección de los recursos públicos del sistema, la Superintendencia Nacional de Salud ha adelantado durante el actual gobierno 77 mesas técnicas de seguimiento a las siete empresas promotoras de salud (EPS) que se encuentran bajo alguna medida de vigilancia por este organismo de control.
Dentro de esas EPS que son sujetas de ese tipo de medida están Servicio Occidental de Salud SOS que se encuentra en programa de recuperación; Capresoca y Dusakawi que cuentan con vigilancia especial y, Emssanar, Asmetsalud, Savia Salud y Famisanar que están bajo medida de intervención forzosa para administrar.
“Con estas acciones buscamos revisar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Supersalud y medir así la capacidad administrativa, financiera y técnicocientífica a fin de superar los hallazgos encontrados que dieron origen a las medidas impuestas. Nosotros no somos una mejor Superintendencia entre más sanciones impongamos; somos más eficientes entre más vidas salvemos y a más personas les protejamos su derecho a la salud”, asegura Ulahí Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud.
Sin embargo, en cumplimiento de sus funciones y frente a los hallazgos relacionados con las inconsistencias en pagos a prestadores y proveedores, y algunos modelos de contratación, la Supersalud impuso entre marzo y mayo del año 2023, medidas cautelares de cesación provisional de acciones que ponían en riesgo la vida, la integridad física o el destino de los recursos a Asmetsalud, Emssanar y la EPS indígena Dusakawi, logrando además una dispersión más equitativa de los recursos asignados a cada una de dichas entidades del aseguramiento, beneficiando las redes de servicios pública y privada contratadas, pero ante todo, mejorando el acceso y disponibilidad de los servicios de salud para los usuarios, garantizando así su derecho a la salud.
Tales logros no habrían sido posibles sin la estandarización del proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por el Superintendente para proteger la salud de las personas y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos que garantizan el derecho fundamental a la salud.
Sumado a lo anterior, durante este mismo periodo, la Supersalud realizó 128 auditorías tanto a las EPS activas y las Entidades Adaptadas como a los regímenes especiales de aseguramiento que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud para verificar el cumplimiento de sus condiciones de habilitación permanencia y garantía en el acceso a los servicios de salud con calidad y seguridad. De otra parte, la Superintendencia en cumplimiento de la normatividad vigente al respecto, expidió en el segundo semestre del año pasado un total de 14 resoluciones de renovación de autorización de funcionamiento, por un período de cinco años a las EPS Mutual Ser, Comfachochó, Capital Salud, Comfenalco Valle, Comfaoriente, Famisanar, Sura, Capresoca, Sanitas, SOS, Emssanar, ASMETSALUD, Nueva EPS y Compensar.
BAJOS INDICADORES FINANCIEROS DE EPS
Con corte a septiembre de 2023, de las 24 EPS que operan en el país y se les exige el cumplimiento del indicador de capital mínimo, 17 lo cumplían, mientras que Emssanar, Asmetsalud, Savia Salud, Capresoca, Famisanar, SOS y la EPS Adaptada Ferrocarriles Nacionales mostraban incumplimiento con ese indicador financiero.
Respecto del patrimonio adecuado, las 13 EPS que cumplían en septiembre de 2023 fueron: Salud Total, Mutual Ser, Aliansalud, Compensar, Comfaoriente, EPM, Comfenalco Valle, Comfachocó, Nueva EPS, Coosalud, Salud Mia, Salud Bolívar y Cajacopi.
Y finalmente, solo ocho cumplían con el indicador de régimen de inversiones de la reserva técnica, con corte a septiembre, así: Salud Total, Mutual Ser, Aliansalud, Comfaoriente, Comfachocó, Salud Mia, Salud Bolívar y EPS Familiar de Colombia.
En cuanto al cumplimiento de los indicadores de capacidad financiera –patrimonio mínimo y régimen de inversiones de reserva técnica- por parte de las cinco EPS de naturaleza indígena, únicamente Anas Wayuu, al corte antes citado, cumplía con dichos indicadores mientras que las otras cuatro EPS indígenas restantes (Pijaos, AIC, Dusakawi y Mallamas) incumplían los parámetros mencionados.
“Esta información y análisis están construidos a partir de los auto reportes de los mismos vigilados y han sido analizados con todo el rigor técnico por parte de la Supersalud”, dice el alto funcionario.
MÁS DE 1.700 REUNIONES ENTRE ACTORES DEL SISTEMA
Otra de las estrategias que fortaleció la presencia de la Supersalud en los territorios durante los últimos 16 meses fue el desarrollo de las mesas de intervención territorial en las cuales, de manera articulada, las delegaturas misionales de este ente de control convocaron a los actores del sistema de salud en cada una de las regiones: la entidad territorial, los representantes tanto de las EPS como de los otros regímenes especiales de aseguramiento, así como los hospitales y las clínicas para que revisaran y resolvieran las fallas en la prestación del servicio de salud a partir de la generación de acuerdos en temas de contratación y la formulación de planes de mejora medibles y alcanzables en corto plazo.
Es así como en este período, se realizaron 21 de estas mesas en 19 departamentos, entre ellos Arauca, Putumayo, Magdalena, Norte de Santander, Cesar, San Andrés, Nariño y Caldas para un total de 1.778 reuniones entre actores. “Con este trabajo se ha impactado favorablemente la prestación de servicios de salud de millones de afiliados con criterios de calidad y trato digno. Debemos cumplir nuestra línea institucional de ser una entidad amiga, aliada y solidaria de los usuarios para garantizar su salud y salvar sus vidas”, dijo Beltrán López.
En otros asuntos de relevancia para la inspección y vigilancia, el análisis del incumplimiento en la entrega de medicamentos evidenció entregas incompletas de la formulación a más de 1 millón de afiliados al sistema de salud durante este período, afectando tratamientos que en ningún caso estaban relacionados con medicamentos escasos o desabastecidos.
Así mismo, desde la Supersalud se desarrollaron estrategias, instrumentos e instrucciones para el seguimiento al flujo de recursos del sistema de salud, entre los que se destacan la expedición de la circular que permitió monitorizar la transferencia del incremento porcentual de la UPC del 2023 hacia los prestadores de servicios por parte de las EPS y los 1,6 billones de pesos rescatados para las IPS vía conciliación entre pagadores y prestadores, con alto impacto favorable tanto para la red pública hospitalaria como para la privada.
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