La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado una investigación con fines sancionatorios contra la EPS Salud Total, tras detectar al menos once posibles incumplimientos de las normas del Sistema de Salud. Entre las irregularidades encontradas se destacan la falta de entrega oportuna de medicamentos, una atención inadecuada a adultos mayores y mujeres embarazadas, reporte de información inconsistente, pagos inexactos de facturación y el presunto uso indebido de recursos destinados a la salud para realizar préstamos a su proveedor de medicamentos.
Estas fallas fueron detectadas durante una auditoría realizada por la Supersalud entre el 9 y el 12 de abril de 2024 en las instalaciones de Salud Total en Bucaramanga. Durante esa visita, los auditores evaluaron tanto la atención a los usuarios como la dispensación de medicamentos, y revisaron los documentos y contratos que reflejan la relación financiera entre la EPS y su gestor de medicamentos, Audifarma.
Uno de los principales hallazgos fue la deficiencia en la entrega de medicamentos. Según el informe, a marzo de 2024, más de 15,000 medicamentos no habían sido entregados después de 90 días de espera, afectando la salud de los pacientes. «La no entrega oportuna de medicamentos genera un impacto directo en la salud de los afiliados, quienes además deben asumir costos y realizar trámites adicionales que no les corresponden», señaló el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.
Presuntas irregularidades financieras
La investigación también busca esclarecer si Salud Total utilizó recursos de salud para financiar a Audifarma mediante préstamos y anticipos, lo cual sería un uso indebido de los fondos destinados a la atención de los afiliados. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la EPS habría hecho anticipos a Audifarma, a pesar de la evidente demora en la entrega de medicamentos.
Además, la auditoría reveló que se habrían realizado pagos superiores a los que realmente correspondían por la dispensación de medicamentos y que la EPS entregó información incorrecta sobre estos pagos, con una diferencia de $2.674 millones en el monto declarado para enero de 2024.
Acciones legales en curso
Como parte de las medidas adoptadas, la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas remitió el caso a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud. Estas entidades evaluarán la pertinencia de llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las acciones legales correspondientes.
Discussion about this post