El martes 24 de septiembre, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, visitó el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá, para atender de primera mano las inquietudes y quejas de las personas privadas de la libertad en relación con los servicios de salud.
En El Barne, que alberga a cerca de 4.000 presos, 1.923 en mediana seguridad y 2.039 en máxima seguridad, una delegación de 120 internos participó en el evento denominado ‘Diálogo con la Supersalud 2024’, un espacio de encuentro directo que el Superintendente está llevando a cabo en diferentes partes del país. Durante la jornada, aproximadamente 50 internos tomaron la palabra para expresar la realidad que enfrentan dentro del penal, mientras que se recibieron más de 250 quejas, centradas principalmente en demoras en la asignación de cirugías, fallas en la entrega de medicamentos y deficiencias en la atención odontológica.
Hasta agosto de 2024, solo se habían registrado dos reclamaciones formales de parte de personas privadas de la libertad en Cómbita, lo que resalta la importancia de estas jornadas en dar voz a los afectados por las deficiencias en los servicios de salud dentro de los centros penitenciarios.
Esta visita se suma a la realizada en agosto por el Superintendente a la cárcel de mujeres ‘El Buen Pastor’ en Bogotá, donde escuchó las reclamaciones de las internas, quienes presentaron un total de 85 quejas. Es la primera vez en la historia que un Superintendente de Salud visita las cárceles, en el marco de una política de inclusión que busca garantizar el derecho a la salud para todos, sin excepción.
En lo que va del año, hasta agosto, la Superintendencia Nacional de Salud ha recibido 594 reclamaciones relacionadas con personas en centros penitenciarios y carcelarios. De estas, el 24,58% se refiere a la falta de oportunidad en la asignación de citas o consultas médicas, seguida por la negación de estas y la demora en la atención de otros servicios de salud.
Estas acciones reflejan el compromiso de la actual administración en asegurar que el acceso a la salud se respete para todas las personas, independientemente de su situación legal o condición social.
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