La reforma a la salud en Colombia continúa generando intensos debates en todos los frentes: el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. Con la aprobación de su segunda versión en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley impulsado por el presidente Gustavo Petro ahora enfrenta un panorama incierto en el Senado, donde se concentran críticas técnicas, políticas y sociales sobre su viabilidad e impacto real.
La propuesta busca transformar el sistema actual, reemplazando la intermediación de las EPS por un modelo público de Atención Primaria en Salud (APS). En este esquema, las EPS pasarían a ser “Gestoras de Salud y Vida”, con funciones orientadas a la prevención, gestión del riesgo y acompañamiento a los pacientes, bajo un enfoque más centralizado y estatal.
Polarización política y resistencia en el Congreso
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto con modificaciones (eliminando un artículo, aprobando 8 sin cambios y sumando 22 nuevos artículos propuestos por el Ejecutivo), el verdadero reto está en la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma anterior fue archivada. De los catorce senadores de la comisión, seis ya han anticipado su rechazo, lo que anticipa una discusión tensa.
“Nuestro compromiso es abrir un debate amplio, incluyente y transparente”, aseguró Nadia Blel, presidenta de la comisión. Sin embargo, los cuestionamientos de partidos como el Liberal, Conservador y Centro Democrático persisten, alertando sobre el riesgo de centralización de recursos, burocratización y débil capacidad técnica de implementación.
Una reforma que divide al país
En la calle, las manifestaciones ciudadanas se dividen entre quienes respaldan la iniciativa como una oportunidad para democratizar el acceso a la salud, y quienes temen un deterioro en la calidad del servicio. Según el informe Radar Colombia de la consultora LLYC, en el último año se han registrado más de 863.000 menciones sobre la reforma en redes sociales, con una tendencia mayoritariamente crítica (44 % de preocupación por los efectos negativos, 2 % por temor a un colapso del sistema, y 25 % en defensa del cambio).
Los puntos más cuestionados incluyen:
- Posible escasez de medicamentos.
- Riesgos de improvisación administrativa.
- Incertidumbre sobre el financiamiento.
- Incapacidad de la ADRES para manejar los recursos de salud a nivel nacional.
Voces expertas y los riesgos del modelo
Exministros y expertos en salud pública coinciden en que una reforma estructural debe construir sobre lo existente, en lugar de desmantelarlo. Plantean como riesgos principales:
- Precarización laboral en el sector.
- Desafíos fiscales para cubrir la cobertura universal.
- Pérdida de continuidad en tratamientos médicos.
- Falta de claridad operativa.
El modelo que actualmente gestiona la salud del magisterio, considerado un piloto de la propuesta, ha sido criticado por fallas en atención y logística, lo que incrementa la preocupación general sobre la expansión del nuevo esquema.
¿Reforma o retroceso?
Aunque el Gobierno insiste en que la reforma garantizará mayor equidad en el acceso a la salud y fortalecerá la red pública hospitalaria, la falta de consenso político y social pone en duda su aprobación final. Mientras tanto, el sistema actual enfrenta una crisis visible: demoras en la atención, hospitales desfinanciados y desabastecimiento de medicamentos que afectan diariamente a millones de colombianos.
Más allá del articulado legislativo, el Congreso deberá responder a una pregunta clave: ¿esta reforma garantiza una mejor salud para todos, o agrava los problemas del sistema?
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