En el marco de la ofensiva nacional contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Norte de Santander, en coordinación con la Fiscalía 63 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y con apoyo del Ejército Nacional, ejecutó la operación “La Chuspa y La Quinta”, logrando afectar el patrimonio económico del GAO-ELN.
Durante el operativo, fueron ocupados dos bienes rurales tipo finca ubicados en la vereda Campo Alicia (El Zulia) y en la vereda La Chuspa (Durania), los cuales fueron avaluados en más de 2.800 millones de pesos. Las autoridades materializaron las medidas de embargo y suspensión del poder dispositivo, como parte del proceso de extinción de dominio.
Bienes usados para actividades ilícitas
De acuerdo con las investigaciones, los predios eran utilizados para la fabricación, almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, así como para la manipulación de insumos químicos destinados a la producción de narcóticos en laboratorios artesanales.
Estos complejos ilegales representaban una fuente clave de financiación para el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, que mantiene presencia en zonas rurales del norte del departamento.
Los bienes fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.), entidad encargada de su administración y control.
“Golpe directo a la economía del ELN”
El coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, afirmó que “con esta operación logramos un importante golpe a las finanzas del GAO-ELN, afectando directamente su estructura económica y su capacidad delictiva. Continuaremos trabajando articuladamente con nuestras Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los nortesantandereanos.”
Compromiso con la legalidad
La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados organizados en Norte de Santander, reafirmando su papel en la protección de la legalidad y la tranquilidad ciudadana.
Con este operativo, se avanza en la estrategia institucional de asfixiar las fuentes de recursos que sustentan el narcotráfico y otras actividades delictivas que amenazan la estabilidad de la región.
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