A través de la Circular Externa 100-002 de 2024 el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió los lineamientos para que las entidades, organismos y órganos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva nacional y territorial, intervenga los trámites que le están dificultando la vida a las ciudadanías.
La circular dirigida a los representantes legales, los insta a poner en marcha procesos de racionalización y estandarización que incluyan medidas relacionadas con costos, uso de la tecnología, reducción de tiempos, así como la eliminación de trámites y requisitos.
Los avances de la política de racionalización de trámites en las entidades será verificado por Función Pública y consignado en el Informe de Actualización y Estandarización que exige la Ley 2052 de 2020.
Cifras de la simplificación de trámites
En 2023 la política de racionalización de trámites logró 710 acciones de racionalización que impactaron al 78% del país en 25 departamentos y a municipios como Hacarí (Norte de Santander), Puerto Lleras (Meta), Convención (Norte de Santander) Puerto Guzmán (Putumayo) y Tadó (Chocó), en los que Función Pública hizo presencia a través de su
estrategia territorial.
De las acciones de racionalización 84 fueron ejecutadas por entidades nacionales y 626 por entes territoriales; de estás 294 correspondieron racionalizaciones de tipo administrativo, 78 normativas y 338 tecnológicas.
Las diferentes acciones que han realizado las entidades en materia de racionalización y simplificación de trámites, con corte al 30 de noviembre de 2023, le ahorraron al país unos quince mil cuatrocientos veintiséis millones trescientos cuarenta y un mil quinientos sesenta ynueve pesos (15.426.341.569).
El aporte de la racionalización no solo se mide en cifras sino en el impacto y valor de la calidad de servicio a las comunidades y el respeto por su tiempo.
¿Por qué simplificar trámites?
La política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites busca que estos sean sencillos y que eliminen complejidades, requisitos y costos innecesarios para las ciudadanías.
También persigue que los trámites establecidos por las autoridades nacionales y territoriales sean racionales y proporcionales a los fines que se persiguen e incluyan componentes de tecnología.
La política de racionalización de trámites está respaldada normativamente por los decretos Ley 962 de 2005, Ley 019 de 2012 y 2106 de 2019; la Ley 2052 de 2020 y la Resolución 455 de 2021 de Función Pública.
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