El presidente Gustavo Petro firmó el decreto de convocatoria para una consulta popular nacional, sin que ello represente una amenaza al Legislativo, aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Bogotá, 11 de junio de 2025. En medio del debate sobre la Reforma Laboral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó claro que la firma del decreto presidencial que convoca a una consulta popular nacional para el próximo 7 de agosto debe entenderse como un gesto de diálogo con el Congreso de la República.
“El presidente firma el decreto, pero dice que puede derogarse. Lo que está enviando es un mensaje de diálogo, no una amenaza”, afirmó Benedetti en declaraciones tras su participación en el Congreso.
El decreto establece la convocatoria a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre temas clave de la Reforma Laboral, en caso de que no se logre un consenso en el Congreso. Sin embargo, el ministro aclaró que si se logra una concertación con el Senado y se aprueba una versión de la reforma que respete los derechos laborales fundamentales, el decreto será derogado antes de la medianoche de este martes.
Inamovibles del Gobierno
Benedetti también dejó en claro cuáles son los elementos esenciales para que el Ejecutivo considere derogar la convocatoria. Entre ellos:
- Prohibición del pago por horas.
- Pago de horas extras a partir de las 6 o 7 de la noche.
- Vinculación laboral formal para aprendices del Sena.
- Pago del 100% de los dominicales y festivos.
“Lo que buscamos es restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora. Eso no es una amenaza, es un acto de confianza en el Congreso”, puntualizó.
Marco normativo y legitimidad de la consulta
Según lo estipulado en el decreto presidencial y sustentado en jurisprudencia de la Corte Constitucional, la consulta popular se concibe no solo como un mecanismo de participación ciudadana, sino también como una vía legítima para superar bloqueos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El decreto enfatiza que el Senado, al negar el concepto favorable para la consulta, incurrió en graves vicios procedimentales que comprometen la legalidad de esa decisión, entre ellos:
- Falta de lectura del texto votado.
- Cierre arbitrario de la votación.
- Alteración del voto de un senador tras finalizar el proceso de votación.
- Omisión del trámite de apelación interpuesta por una senadora.
Estas irregularidades sustentan la legitimidad del decreto y permiten al Gobierno apelar a este mecanismo como medida constitucionalmente válida.
El diálogo sigue abierto
A pesar del trámite del decreto, el Gobierno ha reiterado que no pretende imponer una decisión. La vía del diálogo sigue siendo prioritaria. De hecho, Benedetti se mostró optimista sobre el ambiente político en el Senado y confía en que se logre una versión concertada de la Reforma Laboral.
“No estamos haciendo una amenaza. Estamos haciendo una declaración de confianza en el Senado. Si se logra el acuerdo, se deroga el decreto”, reafirmó.
El Ejecutivo tiene plazo hasta la medianoche de este martes para mantener o derogar el decreto, de acuerdo con la evolución de las negociaciones.
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