En la secundaria de Filo Gringo (El Tarra) hicieron un proceso de memoria histórica para determinar las necesidades de la comunidad educativa. El resultado es un trabajo entre la ciudadanía, la administración municipal y la cooperación internacional para mejorar la infraestructura y proteger a los estudiantes.
En 2019, padres, madres y docentes se reunieron para recordar la historia reciente de la escuela secundaria de Filo Gringo, un corregimiento de El Tarra, Norte de Santander. “Empezamos a recordar todas las situaciones que han afectado a la institución. En los 90 fue destruida casi toda”, cuenta una persona de la comunidad educativa. “El escenario educativo era de los actores armados. Las situaciones siguen presentándose. En 2018 hubo hostigamientos. Toda la comunidad tuvo que salir”. Padres, madres y educadores hablaron sobre combates, bombardeos y desplazamientos. No iban tras recuerdos, datos o escenas, sino en busca de un acuerdo sobre las necesidades más urgentes de la escuela. Decidieron que, antes que tecnología, útiles o cambios en las asignaturas, necesitaban un muro y un cerco para el colegio.
La reunión se hizo en el marco de Territorio, memoria y convivencia, una estrategia de la Secretaría de Educación de Norte de Santander con apoyo del programa Propaz, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo -GIZ. El objetivo de la estrategia es mejorar la convivencia en los espacios educativos a través de ejercicios de construcción de memoria como el levantamiento de líneas locales de tiempo y la reflexión sobre las emociones de la gente asociadas a esos eventos. Cuando la comunidad educativa se junta a hablar sobre experiencias individuales y colectivas del conflicto armado reconocen patrones de violencia y llegan a acuerdos sobre lo que necesitan para que estos entornos mejoren. Entre otras cosas, docentes, padres y madres de Filo Gringo quieren pavimentar la vía frente al colegio, poner aire acondicionado en los salones y tener tecnología para el aprendizaje virtual, pero lo primero es garantizar condiciones mínimas de seguridad.
El anhelo en común es que el colegio sirva para proteger a los estudiantes si vuelven los combates. Como cuenta otra persona de la comunidad educativa, la secundaria ha estado en medio de varios, tantos que las profesoras tienen un protocolo para reaccionar a los enfrentamientos armados: “Los estudiantes se bajan al piso y nos hacemos todos a las paredes, a los lados. Se hace con ellos juegos, rondas, canciones, para evitar que ellos se centren en las balaceras”. Desde 2018 no ha habido combates alrededor del colegio, pero si en este texto no hay nombres ni apellidos es porque todos temen que la violencia puede volver. Aún si se afianza ese estado de orden público en el corregimiento, el muro de la memoria seguirá siendo necesario. De los 250 estudiantes, 50 son de veredas lejanas y están internados en la secundaria en instalaciones sin cerramiento.
Tras decidir a través de la construcción de memoria que el cerramiento era prioritario, la comunidad se volcó a su construcción. El proyecto es a tres manos: la alcaldía de El Tarra pone la mano de obra calificada; el programa Colombia Transforma, los materiales; y las personas del municipio trabajan como voluntarias. “Aportan un día de jornada, ayudan al maestro de obra”, dice un funcionario del colegio. “[Son] padres de familia y representantes de la comunidad en un trabajo articulado con la junta de acción comunal. Por ejemplo, ahora nos corresponde cargar un material de un lado al otro y, como hay un gremio de transportadores con motos, ellos han contribuido con ese apoyo, todo con el ánimo de que el establecimiento educativo mejore”.
De ese ejercicio de construcción de memoria quedó claro uno de los proyectos más urgentes: el traslado de la primaria al terreno de la secundaria. Las instalaciones de las niñas de primero a quinto están en un extremo del corregimiento, un punto alto en el que ha habido hostigamientos. Una madre advierte que ese es el siguiente objetivo de la comunidad: “Ahora no queremos que llegue ejército ni nadie, porque estamos viviendo bien. Para nuestros niños, que ellos puedan estudiar dignamente, como en las ciudades”.
Fuente : EL ESPECTADOR
