Inclusión y accesibilidad: una obligación legal y ética para el sector empresarial
En Colombia, más de 350.000 personas están certificadas con alguna discapacidad, según cifras del Ministerio de Salud. Este dato refuerza la urgencia de que tanto empresas como entidades públicas cumplan con las normas legales que garantizan la inclusión y la accesibilidad, tal como lo establece la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1346 de 2009, que incorpora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Estas normativas obligan a realizar ajustes razonables para asegurar la igualdad de oportunidades, prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
“La inclusión no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad social”, señaló Jimmy Jiménez, abogado de Integrity Legal.
Las sanciones por incumplimiento pueden afectar la reputación y economía empresarial
Las empresas que incumplan estas normas pueden enfrentarse a:
- 💸 Multas económicas por parte de entidades de control.
- ⚖️ Demandas judiciales y acciones de tutela.
- 📉 Daño reputacional por exclusión discriminatoria.
- 💰 Obligación de indemnizar a personas afectadas por falta de accesibilidad.
Un ejemplo reciente es la Sentencia T-006 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a la cadena de gimnasios Smart Fit realizar adecuaciones para garantizar el acceso a personas con discapacidad visual.
¿Qué deben hacer las empresas para cumplir con la ley?
Para evitar sanciones y promover una cultura empresarial inclusiva, se recomienda implementar:
- Adaptación de la infraestructura física (rampas, ascensores, señalética táctil, etc.).
- Revisión de reglamentos internos para eliminar barreras administrativas.
- Capacitación constante al personal en temas de inclusión y trato adecuado.
- Evaluación periódica del estado de accesibilidad y ajustes conforme a nuevas necesidades.
“Garantizar la accesibilidad es una inversión en equidad y bienestar social”, concluye Jiménez.
Un compromiso que va más allá del cumplimiento legal
Con el aumento progresivo de personas certificadas con discapacidad en el país, la accesibilidad universal debe asumirse como un eje de transformación social y empresarial. Respetar los derechos de todas las personas no solo fortalece la reputación corporativa, sino que proyecta a las organizaciones hacia un modelo más justo, moderno y humano.
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