En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró un contundente golpe contra las finanzas del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN en Norte de Santander. El operativo, desarrollado en el marco del plan de operaciones Ayacucho Plus, dejó como resultado la extinción de dominio de bienes e incautaciones valoradas en más de 38 mil millones de pesos.
Las acciones tuvieron lugar en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Sardinata, donde las autoridades lograron decomisar 65 kilos de oro, 29 mil dólares en efectivo, dos vehículos y siete bienes inmuebles que eran utilizados por la estructura criminal para el lavado de activos y la financiación de sus operaciones ilegales.
Oro y comercio ilegal: fuentes del financiamiento del ELN
De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, los frentes de guerra Oriental y Nororiental del ELN venían utilizando locales comerciales y la compraventa de metales preciosos, especialmente oro, como mecanismos para mover y ocultar los recursos provenientes de actividades ilícitas.
“Con esta operación debilitamos las finanzas del ELN y cortamos parte de su red económica usada para financiar actos terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública”, indicó el Ejército Nacional en un comunicado.
La extinción de dominio aplicada sobre los bienes busca evitar que los recursos incautados vuelvan a ser empleados en actividades delictivas, mientras que los elementos confiscados quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procesos judiciales correspondientes.
Un golpe estratégico en la frontera
Esta acción representa uno de los golpes económicos más importantes del año contra el ELN en la región del nororiente colombiano. Según las autoridades, el impacto financiero supera los 38 mil millones de pesos, debilitando las estructuras que operan en zona de frontera y que han estado vinculadas con contrabando, minería ilegal y extorsión.
El Ejército Nacional reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones estratégicas orientadas a proteger a la población civil, recuperar la seguridad y garantizar la estabilidad del departamento de Norte de Santander, una región clave en las dinámicas de seguridad nacional.
“Estas acciones hacen parte del trabajo articulado con la Fiscalía y otras instituciones del Estado para reducir las economías ilícitas que alimentan el conflicto en el país”, concluyó el comunicado oficial.
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