Las autoridades castrenses califican los hechos como graves violaciones a los derechos fundamentales del personal militar.
San José de Cúcuta, 25 de junio de 2025. En un hecho sin precedentes en los últimos años, el Ejército Nacional confirmó que 57 de sus hombres fueron secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca. El grupo afectado está conformado por cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales, pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 4.
Los hechos ocurrieron entre el 21 y el 22 de junio en el sector conocido como La Hacienda, en el marco de operaciones militares desplegadas en la zona. Según informó la Tercera División del Ejército, las tropas fueron rodeadas y agredidas durante una asonada por parte de civiles que, según las autoridades, estarían infiltrados por estructuras armadas ilegales.
“En total, 57 militares han sido privados de su libertad en contra de su voluntad”, indicó la Tercera División en un comunicado oficial. La institución rechazó con contundencia los hechos y denunció que se trató de un secuestro masivo, no de una retención por parte de la comunidad como algunos han intentado señalar.
El comandante de la Tercera División, brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, fue enfático al declarar que no se trata de una situación ambigua: “Aquí no vamos a maquillar con una retención. Aquí llamamos las cosas por su nombre: secuestro”. El oficial también denunció que las tropas han sido objeto de manipulación por parte de actores armados que instrumentalizan a la población civil.
Además de calificar la situación como crítica, el Ejército alertó sobre la gravedad de las violaciones cometidas. Entre los delitos que se estarían configurando se encuentran: secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, usurpación de funciones públicas y obstrucción a la función pública, según lo estipulado en la Ley 599 de 2000.
Las autoridades militares han señalado que no abandonarán a ningún integrante de la tropa y trabajan intensamente en la recuperación de los uniformados. Asimismo, instaron a la comunidad a no dejarse instrumentalizar por organizaciones armadas ilegales, que estarían buscando desestabilizar el orden constitucional en esta zona del país.
El Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Por su parte, el Ejército ha reforzado su presencia en la región y mantiene una vigilancia constante sobre la situación.
Este nuevo episodio refleja el complejo panorama de seguridad que enfrenta el suroccidente colombiano, donde la presencia de disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales continúa representando un desafío para el Estado colombiano y su institucionalidad.
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