En una operación conjunta denominada “KAOS 1”, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una red criminal dedicada a la falsificación y distribución ilegal de fertilizantes en el nororiente colombiano. La ofensiva dejó como resultado cinco capturados por orden judicial, la incautación de más de 34 toneladas de productos químicos ilegales en Galapa (Atlántico) y la retención de 12 toneladas de cloruro de potasio en vías del país.
El grupo delincuencial, conocido como “Los Distribuidores”, reapareció en el mercado tras haber sido desmantelado en 2022 cuando operaba bajo la fachada del Grupo Empresarial Romero Serrano S.A.S. (GERS). A pesar del cierre de sus operaciones por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los mismos actores reincidieron bajo la nueva razón social NATUFERCO S.A.S., con sede en Barranquilla y operaciones dirigidas al Catatumbo.
La investigación, liderada por unidades especializadas de tránsito y transporte de Norte de Santander, incluyó seguimiento técnico, vigilancia con drones, monitoreo de rutas y análisis de software contable. Estos recursos permitieron identificar el movimiento constante de camiones en la nueva planta, donde se manipulaban sustancias vencidas que eran reempaquetadas con etiquetas falsas para simular productos aptos para uso agrícola.
Los insumos, carentes de registro sanitario y con composición alterada, eran distribuidos entre campesinos que, creyendo en la legalidad de la empresa, los aplicaban en sus cultivos. Esta práctica representaba un grave riesgo para la salud del suelo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, especialmente en zonas sensibles como el Catatumbo.
Según la Policía Nacional, esta red no solo causó daño económico a los agricultores, sino que también representaba una amenaza para el medioambiente y el consumo humano. “Estamos ante un caso de reincidencia criminal que demuestra la capacidad de estas estructuras para camuflarse y continuar operando al margen de la ley”, aseguró uno de los voceros oficiales.
La institución hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades en la venta y distribución de agroquímicos a través de la línea 123 o el canal contra el crimen 3143587212, con garantía de absoluta reserva.
Con esta operación, se impactan las finanzas de organizaciones delictivas en Atlántico, Cesar y Norte de Santander, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección del agro colombiano y la lucha contra el multicrimen.
Discussion about this post