En el marco de la ofensiva nacional contra los grupos armados organizados, el GAULA de la Policía Nacional logró la captura de tres presuntos integrantes del Frente “Juan Fernando Porras Martínez” del GAO ELN, durante un operativo desarrollado en la región del Catatumbo.
Los detenidos, identificados con los alias de “Jeremías”, “Yilber” e “Iván”, eran requeridos por orden judicial por el delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos serían responsables de coordinar las finanzas ilícitas del grupo armado, incluyendo cobros extorsivos a comerciantes y habitantes del sector. Responsables de extorsiones y secuestros en la región
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el GAULA de la Policía, los capturados estarían implicados en un secuestro ocurrido el 26 de marzo de 2025, donde exigían 1.000 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima.
Los tres hombres, con una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años dentro del ELN, operaban principalmente en áreas rurales del Catatumbo, intimidando a la población mediante amenazas y cobros ilegales. Golpe a la estructura financiera del ELN</h2>
El coronel Amaury Lynsay Aguilera López, comandante encargado del Departamento de Policía Norte de Santander, destacó que este operativo representa un duro golpe a la capacidad financiera y operativa del frente guerrillero, debilitando sus redes de apoyo y financiamiento.
“Este resultado es producto de un trabajo articulado entre inteligencia policial y la Fiscalía, que reafirma nuestro compromiso con la lucha frontal contra el secuestro y la extorsión. Seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad de los nortesantandereanos”, afirmó el oficial.
Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la respectiva judicialización. Seguridad y convivencia en el Catatumbo
La Policía Nacional reiteró que mantendrá los operativos permanentes en la zona del Catatumbo, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil y neutralizar las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los habitantes.
Este resultado refuerza la presencia institucional en una de las regiones más golpeadas por la violencia, y demuestra el compromiso del Estado en la defensa de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
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