El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció públicamente que un allanamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia en su vivienda de Puerto Colombia (Atlántico) concluyó sin la incautación de pruebas, lo que calificó como un «abuso de poder» y una «persecución judicial sin pruebas». Paralelamente, el alto funcionario elevó una alerta sobre su seguridad, responsabilizando directamente a la magistrada Cristina Lombana de cualquier incidente que pueda afectarlo a él o a su familia.
Diligencia Judicial en Medio de Controversia
La diligencia judicial, llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la lujosa mansión ubicada en el exclusivo club Lagos de Caujaral, se relaciona con procesos que la Corte Suprema adelanta contra Benedetti, principalmente por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento y el caso Fonade.
El ministro, quien ha sido un constante crítico del proceso, utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento y los resultados del operativo.
«Fue a allanar mi casa y no incautó absolutamente nada, no se llevó nada. Lo que quiere decir que no había necesidad de allanar mi casa […] se fue con las MANOS VACÍAS. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad», afirmó Benedetti, reiterando sus acusaciones de extralimitación contra la magistrada instructora.
Advertencia sobre la Seguridad Personal
Las declaraciones del jefe de la cartera política subieron de tono al expresar un profundo temor por su vida y la de su círculo familiar. Benedetti le pidió garantías a la Corte Suprema y alertó sobre amenazas en su contra, señalando a la magistrada Lombana como responsable.
«Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa, a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos. ¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?», manifestó el ministro, relacionando eventos recientes con el proceso judicial.
Rechazo de la Corte Suprema y Postura Institucional
Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha señalado que no ordenó el allanamiento de forma colegiada, sino que se pudo tratar de una actuación del despacho de la magistrada Lombana, el alto tribunal ya se había pronunciado previamente sobre las descalificaciones personales del ministro contra la funcionaria. La Corte rechazó en su momento estos ataques, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto por la ley, advirtiendo que tales afirmaciones podrían afectar el desarrollo de las investigaciones.
El presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia, calificando el allanamiento como «ilegal» y que «se transforma en secuestro», respaldando la tesis de la persecución judicial planteada por su ministro.
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