Las mujeres condenadas a penas de 6 años o inferiores, por delitos no violentos, podrán realizar servicios de utilidad pública como sustitutiva a la prisión, dándoles la oportunidad de seguir con sus hijos y responder por su familia. El Proyecto busca además, atender la problemática de hacinamiento carcelario del país.
Desde hace varios años, la política criminal colombiana se ha caracterizado por el endurecimiento de las penas y la reducción de beneficios penales. En un principio, la adopción de estas medidas se fundamentaba en establecer penas ejemplares para reducir la delincuencia común. Tal medida no sirvió para este fin, pero si empeoró la crisis carcelaria del país aumentando su nivel de hacinamiento, y no permitiendo a los centros penitenciarios cumplir un fin resocializador.
Rodrigo Lara, senador de la República, promueve el Proyecto de Ley 093 de 2019 – Senado, que hoy fue aprobado con votación unánime en primer debate en Comisión Primera de esa Corporación. El Proyecto de Ley busca dar alternativas penales a las mujeres madres cabeza de familia que están cumpliendo penas relacionadas con el procesamiento y tráfico estupefacientes, o que han sido detenidas por la comisión de delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
Dichas alternativas a la detención en centro de reclusión, permitirán la consecución de justicia retributiva y la finalidad resocializadora de la pena de este grupo de mujeres. Así, en el proyecto se plantea la posibilidad de cumplir la condena mediante la prestación de servicios de utilidad pública no remunerado que estas mujeres prestarán, extramuros, a favor de instituciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y ONG.
El propósito de estas medidas es que las mujeres, previo cumplimiento de ciertos criterios y requisitos específicos, puedan acceder a la posibilidad de mantener sus hogares, y que sus hijos no crezcan sin ellas. Con ellos se busca que los hijos no sean condenados a precarias condiciones que los lleven a fenómenos la deserción escolar, el decaimiento en adicciones y la creación vínculos con circuitos delincuenciales.
Con este Proyecto de Ley se busca recuperar el trato digno hacia las mujeres privadas de la libertad, en tanto que se trata de sujetos de especial protección constitucional, cuya vulnerabilidad se ve acentuada por el hecho de que se trata de cuidadoras y proveedoras de su hogar que no representan ningún peligro para la sociedad. Así mismo, dichas medidas también impactarán positivamente en la descongestión de los centros penitenciarios y carcelarios del país.
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