La Agencia Nacional de Tierras (ANT) continúa implementando el Plan Catatumbo, una estrategia integral para garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra en zonas afectadas por el conflicto armado. En 159 días de ejecución, más de 9.000 hectáreas han sido formalizadas en favor de familias campesinas, víctimas del desplazamiento y firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre los logros destacan 176 resoluciones de formalización que han permitido adjudicar 3.031 hectáreas a familias rurales. Además, 492 familias campesinas ya son propietarias legales de sus predios, sumando 6.216 hectáreas formalizadas en 2025.




Asimismo, el programa Fincas para la Paz ha entregado 7 predios equivalentes a 1.256 hectáreas, destinados a asociaciones campesinas y comunidades en reincorporación. De estos, cuatro predios fueron entregados a firmantes del Acuerdo de Paz, dos a la Asociación ASUNCAT y uno adicional a familias desplazadas de la región.
“Este avance nos permite seguir garantizando la seguridad jurídica de familias golpeadas por la violencia que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad”, indicó Javier Santiago Velásquez, coordinador territorial de la ANT.
Otro de los hitos del Plan Catatumbo fue la aprobación de la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la región, denominada Paz y Unión Campesina del Catatumbo, con más de 59.000 hectáreas y beneficios para más de 1.800 familias.
La Agencia también trabaja en la formalización de predios en Zonas de Reserva Forestal, gracias al Acuerdo 315 de 2023, que permite el uso sostenible y legal de tierras históricamente ocupadas por campesinos.
A través de Comités Municipales de Reforma Agraria, la ANT ha impulsado espacios de participación en ocho municipios del Catatumbo para fortalecer el acceso legítimo a la tierra. Se han retomado jornadas presenciales con líderes comunales, alcaldías y entidades locales, consolidando así un modelo de intervención territorial con enfoque participativo.
Con estos avances, el gobierno nacional reafirma su compromiso con el desarrollo rural, la construcción de paz y el derecho a la tierra en una de las regiones más históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia.
















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