Una grave alerta de seguridad sacudió el retorno del presidente Gustavo Petro a Colombia, tras su participación en una cumbre en Sevilla, España. La amenaza obligó a desviar el avión presidencial, que tenía como destino original Bogotá, aterrizando de emergencia en el aeropuerto de Pereira en la noche del miércoles 2 de julio.
Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a medios nacionales, como Blu Radio y Caracol Radio, que la aeronave presidencial fue objeto de un rastreo inusual desde su escala en las Islas Canarias. Este hecho, que no debería ser posible dadas las estrictas medidas de seguridad que rodean los desplazamientos del mandatario, encendió las alarmas de la inteligencia nacional.
La alerta de seguridad advertía sobre una posible amenaza, incluso la mención de un supuesto misil, que se materializaría al momento del aterrizaje en la capital colombiana. Ante este escenario de alto riesgo, la Casa Militar y el Ministerio de Defensa activaron de inmediato los protocolos especiales de protección presidencial, tomando la decisión de modificar la ruta del vuelo.
El avión presidencial, que se esperaba en Bogotá a las 9:10 p.m. del miércoles, aterrizó finalmente en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Según los reportes, el presidente Petro y su comitiva no ingresaron a las instalaciones del terminal aéreo y permanecieron en la ciudad hasta el día siguiente, bajo un estricto dispositivo de seguridad.
En la mañana del jueves 3 de julio, el mandatario retomó su viaje a Bogotá en un avión militar distinto al de su comitiva, confirmando el alto nivel de riesgo percibido y la necesidad de aplicar un operativo no comercial y de máxima seguridad.
Este incidente se suma a previas declaraciones del presidente Petro, quien en diversas ocasiones ha señalado que su seguridad enfrenta constantes amenazas y situaciones de riesgo, denunciando incluso supuestos planes para atentar contra su vida. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha reiterado en recientes declaraciones que «el comandante de las Fuerzas Armadas siempre será un objetivo militar» para grupos que buscan desestabilizar el país, lo que justifica el robustecimiento constante del esquema de seguridad presidencial.
Las autoridades mantienen la reserva sobre los detalles específicos de la amenaza, mientras se profundizan las investigaciones para determinar su origen, alcance y veracidad, evaluando posibles conexiones con grupos armados ilegales o redes de crimen organizado.
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