La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) presentó un diagnóstico de la situación actual y los retos que tiene el país en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, en el marco del 66 Congreso de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal.
El panorama expuesto hace parte del trabajo que lidera el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, en línea con los ejes de transformación definidos por el Gobierno del Cambio en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de servicios públicos. Es producto de la actual gestión de la Superservicios, la presencia en el territorio, el análisis de la información histórica que tiene la entidad y los resultados de las mesas de trabajo realizadas con diferentes actores públicos y privados. Es un insumo para la propuesta de reforma a la Ley 142 de 1994 y otras normas que rigen al sector, anunciada por el presidente Gustavo Petro para el segundo semestre del año.
En el diagnóstico presentado en el congreso de Acodal, el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Carlos Emilio Betancourt Galeano, señaló: «En la línea definida por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario ajustar el modelo de prestación de servicios públicos para reconocerlos como fines esenciales del Estado, y no como mercancía. Su operación debe contribuir a reducir las desigualdades sociales, proteger al medio ambiente, democratizar la participación de las comunidades y enfocarse a la defensa de todos y todas en los territorios. Es necesario actualizar el régimen para reducir las brechas y asegurar una prestación sostenible, de calidad y a precios justos”.
Sobre la situación del sector, la superintendencia identifica la existenciade monopolios naturales que producen ineficiencia, desigualdades sociales y regionales en la cobertura, impacto ambiental negativo especialmente en aseo y disposición de residuos. Así mismo, poca participación ciudadana, y escaso desarrollo de esquemas descentralizados y plurales de prestación.
En materia de cobertura de acueducto, Colombia aún está muy lejos de alcanzar la universalidad. El 15 por ciento de los municipios tiene una cobertura de acueducto inferior al 30 por ciento; y apenas el 20 por ciento de los municipios de Colombia tiene una cobertura superior al 90 por ciento. En las zonas urbanas, el 70 por ciento de los municipios tiene una cobertura de acueducto superior al 90 por ciento, frente al 17 por ciento en las zonas rurales.
Respecto al ordenamiento territorial, la expansión urbana en varias ciudades y regiones del país no tiene en cuenta la oferta de agua y disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado. Adicionalmente, en algunas poblaciones, las autoridades locales entregan licencias de construcción, sin contar con la infraestructura para proveer estos servicios.
En materia de saneamiento básico, los rellenos sanitarios no ofrecen una solución sostenible, eficiente y socialmente rentable de gestión de residuos sólidos. La disposición de residuos sólidos ha aumentado en estos sitios, en vez de disminuir; y el 50 por ciento de los rellenos sanitarios tiene menos de 6 años de vida útil.
Entre otros aspectos, el Gobierno del Cambio plantea: Democratizar la prestación de los servicios públicos. Convertir el aprovechamiento en la actividad principal en el manejo de residuos sólidos, mediante la política de Basura Cero. Aplicar criterios diferenciales de regulación y supervisión teniendo en cuenta las zonas de prestación, las condiciones particulares de los pequeños prestadores. Incrementar la participación de las comunidades en las decisiones que se toman sobre el sector de servicios públicos. Promover la función de los comités de control social y los vocales de control, como actores fiscalizadores de su prestación. Igualmente, fortalecer las capacidades de inspección, vigilancia y control de la superintendencia.
Desde la Superservicios se propone un enfoque diferencial en la vigilancia, inspección y control de los prestadores que tenga en cuenta las condiciones sociales, económicas y demográficas de cada región; la dispersión geográfica, los costos y el tipo de organización de las empresas. Igualmente, se considera necesario revisar los contratos de condiciones uniformes que hoy definen la relación empresa – usuario, con el fin de adaptarlos a las diferencias y realidades de la población.
Los temas de fondo como el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la política Basura Cero y la modificación a la Ley 142 hacen parte de la gestión que impulsa el Gobierno Nacional, con la participación activa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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