Con el propósito de proteger los recursos públicos de la salud y de corregir una de las causas que contribuyen al deterioro de hospitales que atraviesan crisis financieras y se encuentran bajo medida especial, la Superintendencia Nacional de Salud hizo ajustes en la forma cómo se calculan los honorarios de los agentes especiales que actúan como interventores y contralores en esas entidades vigiladas.
“Antes de contribuir al saneamiento de la institución prestadora, los pagos a estos agentes especiales estaban generando el progresivo deterioro financiero por el tamaño de recursos que recibían estas personas allí designadas. Le estamos poniendo freno a estos excesos”, dijo el Superintendente Ulahí Beltrán López.
Hay que recordar que el pago de estos honorarios es efectuado con los recursos de la propia entidad vigilada que se encuentra en situación crítica, por lo que representan una carga adicional para sus precarias finanzas.
“Para el país esta medida restaura la confianza y la credibilidad en una Superintendencia que no está para premiar ni tener una complicidad con el infractor, sino para solidarizarse con el afectado que es tanto el usuario como quienes han venido siendo perjudicados de manera crónica, reiterativa y sistemática por aquellos que han manejado los recursos de la salud en el país”, añadió.
Mediante la resolución 022100000008592-6 del pasado 14 de diciembre, la Superintendencia modificó la metodología para el cálculo que se tenía para la fijación de los honorarios que perciben los interventores, contralores y liquidadores que son designados por la Supersalud en instituciones bajo alguna medida especial, como intervención forzosa administrativa o toma de posesión.
En la práctica, de ahora en adelante un agente designado por la Supersalud como interventor en un hospital de baja y mediana complejidad, como el de Buenaventura -intervenido el pasado viernes- recibirá en promedio 17 millones de pesos mensuales, mientras que con la resolución que rigió entre 2019 y 2022 recibían hasta 31 millones de pesos mensuales.
Los nuevos criterios de la metodología de honorarios también incluyen reconocer una bonificación para aquellos interventores que ejerzan sus funciones en territorios que tienen problemas de orden público o sean de difícil acceso.
La resolución señala que para efectos de procurar que se cumplan los principios economía, eficiencia, y sostenibilidad fiscal en todos los procesos en que se ordene la imposición de una medida especial de entidades vigiladas, se hace necesario establecer parámetros que permitan la selección idónea y la posesión de interventores, liquidadores y contralores por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Hoy en día, existen agentes especiales interventores de hospitales o liquidadores de EPS que devengan más de 35 millones mensuales en honorarios, lo cual agrava la situación de la entidad que regentan. Con la nueva decisión de la Superintendencia, el máximo que podrán recibir mensualmente no superará los 20 millones de pesos.
No más interventores o liquidadores de varias entidades La resolución también pone freno a la práctica de los interventores o liquidadores que fungen como agentes especiales en varias entidades promotoras de salud (EPS) de forma simultánea.
“No se permitirá el desempeño simultáneo de un agente especial interventor o liquidador en más de una Entidad Promotora de Salud”, señala la resolución.
Así mismo, se acaba la posibilidad de nombrar interventores o liquidadores externos o adhoc pues, en caso de conflicto de interés o recusaciones, estas funciones serán asumidas por funcionarios que la Supersalud designe dentro de la entidad intervenida y con representación legal frente a las ausencias temporales o definitivas del principal.
Adicionalmente, si es procedente la designación de un contralor ad hoc, la Superintendencia designará para el efecto a quien actúe como revisor fiscal suplente.
