En un intento por mitigar el impacto de la inflación en los hogares colombianos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro emitió el Decreto 050 el 15 de enero de 2023, congelando las tarifas de peaje para los vehículos que transitan por las estaciones de peaje del INVÍAS y la Agencia Nacional de Infraestructura. Aunque esta medida tenía como objetivo aliviar la carga económica de los ciudadanos, ha desencadenado una serie de dilemas jurídicos y financieros de gran importancia para el Estado, los ciudadanos y el sector empresarial.
Una investigación realizada por el centro de estudios económicos Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de Infraestructura, advierte que el Decreto 050 podría generarle al Gobierno una contingencia fiscal de $13,8 billones al año 2040, debido al eventual déficit a favor de las concesiones viales.
De acuerdo con Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, “el Decreto impidió que los concesionarios actualizaran las tarifas de peaje según lo estipulado en sus contratos, lo que llevó a un estado financiero precario para muchas concesiones. Según la ley colombiana, los recursos recaudados por peajes deben usarse para pagar las inversiones de los concesionarios, y cualquier variación en las reglas establecidas en los contratos genera responsabilidad para las entidades y los funcionarios involucrados”.
En ese sentido, para los contratos de Asociación Público Privada (APPs), donde los concesionarios solo reciben pagos una vez se concluyen las obras, esta situación es aún más crítica. Los modelos financieros fueron proyectados según las tarifas de peaje establecidas, y el congelamiento de estas tarifas ha afectado seriamente la operación de estas concesiones, algunas de las cuales han tenido que asumir sobrecostos para cumplir con sus obligaciones. Esto, sin olvidar la afectación de los ingresos proyectados en dichos contratos.
Hay que resaltar que el Gobierno ha circulado en las últimas semanas una versión de decreto, junto con un proyecto de resolución, mediante la cual buscan reactivarían las actualizaciones de las tarifas. Sin embargo, dicho documento no establece cuándo se pagarán las compensaciones debidas, ni tampoco si los aumentos de las tarifas iniciarán este año para evitar que se acumulen con la que debe efectuarse en enero de 2024.
“La falta de claridad sobre cómo se reactivarán los aumentos y la posibilidad de que se realicen dos aumentos consecutivos, uno aplazado por el Decreto y otro programado para el 16 de enero de 2024, podría generar un malestar social significativo y causar un efecto contrario al inicialmente deseado en el bolsillo de los colombianos”, reiteró Castro.
Para los expertos, esta situación representa un desafío complejo para el Gobierno colombiano, ya que debe encontrar un equilibrio entre aliviar la carga económica de los ciudadanos y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura, así como evitar una contingencia fiscal que afecte las finanzas del país a largo plazo.
