Colombia es el país de América Latina que más gasta con tarjeta débito y crédito, pero a pesar del auge digital, al inicio de la emergencia sanitaria, los resultados indicaban que el dinero en billetes seguía siendo el rey de los medios de pago en el país: casi un 90% de las transacciones habituales mensuales de alimentos, bebidas, vestuario, transporte, vivienda y servicios públicos, entre otras, se realizaban en efectivo (por número de transacciones se paga el 88,1% y por valor el 87,4% en efectivo).
La razón principal a la que le atribuyen el uso del efectivo es justamente no tener cuenta de ahorro/corriente y/o tarjeta de crédito.
Brindar a la población no bancarizada de un medio de transacción distinto al efectivo es solo uno de los objetivos de la inclusión financiera. Una cuenta bancaria debe:
satisfacer necesidades de transacción y pagos
brindar la posibilidad de ahorro, crédito y seguro.
Al cierre de 2019, el indicador de acceso a productos financieros se ubicó en 82,5%, lo que equivale a decir que 29,4 millones de adultos colombianos tenían la posibilidad de realizar operaciones financieras ya sea ahorrando, invirtiendo, financiando sus emprendimientos e incluso asegurándose frente a infortunios.; aunque de ellos, unos 6 millones titulares de algún producto, tenían su cuenta inactiva.
El Coronavirus dejó en clara evidencia la importancia de democratizar el proceso de inclusión financiera para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios financieros de la manera más sencilla posible.
Colombia viene siendo el país número 1 entre 55 países del ránking de The Economist Intelligence Unit (EIU) en cuanto a entorno propicio para la inclusión financiera en los últimos dos años.
Puntualmente se observan diferencias importantes entre las diferentes regiones: mientras que el indicador de acceso asciende a niveles superiores al 85% en los departamentos que componen el Eje Cafetero y la Región Centro Oriental, las áreas que abarcan a los municipios del Caribe y del Pacífico son las que se encuentran más atrasadas en esta materia bordeando valores cercanos al 70%.
Asimismo, la brecha entre áreas urbanas y rurales es sumamente significativa y transciende en el tiempo: el número de adultos con al menos un producto financiero en las zonas con mayor desarrollo urbano llegó al 90,4% frente al 64% de las zonas rurales.
Las áreas rurales mantienen altísimos niveles de exclusión dada la diferencia en acceso a herramientas financieras y cobertura de servicios.
Los departamentos y las zonas con menor conectividad estén entre los que cuentan con menor índice de inclusión financiera. Es así que la inclusión financiera está directamente relacionada con la inclusión digital. Sin inversión en infraestructura no va a ser posible aumentar el desarrollo de la bancarización.
8 de cada 10 colombianos tiene al menos un producto financiero (ahorro o crédito). Aunque tan solo un 66% hace un uso efectivo de este.
Según la analista, una forma de aumentar la inclusión “real” podría ser creando productos enfocados a los 12,1 millones que actualmente no hacen parte del sistema (6,3 millones de adultos excluidos y otros 5,9 millones que no hacen uso de los productos con los que cuentan), ya que, pese a los avances en la bancarización, también existe el reto de promover el uso de productos y servicios financieros entre quienes ya accedieron a ellos. En materia de crédito, este será uno de los indicadores más afectados en el 2020.
Si la inclusión financiera se limitara solo a contar con productos vigentes, menos de la mitad de la población (47%) de Colombia estuvo incluida el año pasado.
Otro de los retos importantes es aumentar la inversión ciberseguridad. Los ciberataques a dispositivos móviles en América Latina crecieron más del 70% durante la pandemia; particularmente los que usan COVID-19 como gancho son los que impulsaron este crecimiento. En Latinoamérica se presentaron 45 ataques de software malicioso por segundo. Colombia es el país de la región que más ataques cibernéticos recibe, por encima de México, Brasil y Perú.
El sector financiero es el más sensible a la cibercriminalidad en el país. Las pérdidas anuales pueden ser significativas y ubicarse entorno del 9% de los ingresos netos de los bancos a nivel mundial según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si el camino es hacia la banca digital, las posibilidades de fraudes virtuales se acrecentarán por lo tanto se hace inminente la necesidad de promover el desarrollo continuo de la seguridad en Internet en pos de proteger al sistema de ataques, estafas y robos cibernéticos aumentando el presupuesto dirigido a esa política.
Uno de los desafíos que merece especial atención, es el de reducir la brecha financiera entre hombres y mujeres:
la brecha de acceso aumentó significativamente de 2018 a 2019, pasando de 2,6 puntos a 5,3 (el 85% de los hombres adultos tiene acceso a al menos un producto financiero frente a un 79,7% de mujeres)
los montos de los créditos desembolsados son menores para las mujeres
Cuando paradójicamente, se evidenció que durante el año pasado las mujeres tuvieron más activos sus productos financieros y son más cumplidoras al momento de pagar; es decir: cuando son incluidas financieras hacen más y mejor uso de los servicios financieros.
Es así que, a pesar de los avances, la pandemia expuso que en Colombia aún falta bastante para regular en materia de inclusión financiera y un virus está siendo el incentivo que el sector financiero requiere para acelerar la bancarización planteando el gran desafío de retener a los “nuevos incluidos” convirtiendo en responsabilidad de los bancos y el gobierno brindar servicios que resuelvan las necesidades financieras de la población a costos que les permitan preferirlos antes que al efectivo.
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