En medio de la crisis por coronavirus el Programa 5G de la ANI ha surgido como una apuesta del Gobierno Nacional para generar crecimiento económico del país, pues juega un papel fundamental en lo relacionado con el abastecimiento, el movimiento a las cadenas de producción y la reactivación de otros sectores como los proveedores de servicios, así como de las materias primas necesarias para llevar a cabo las obras.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en el último trimestre del 2019, este sector impactó positivamente el PIB del país en un 10,7%, lo que permitió a la economía crecer del 2,3% al 3,3% y generar en programas como el 4G, aproximadamente 76.000 empleos.
La primera ola del Programa 5G está compuesta por 12 proyectos de infraestructura con una inversión estimada de aproximadamente COP$18 billones. La novedad que introduce esta fase respecto de su antecesor, el Programa 4G, es que no solo incluye proyectos viales, sino también fluviales, aeroportuarios y ferroviarios, lo que la hace aún más ambiciosa en términos económicos y técnicos.
Sin embargo, lograr dicho objetivo dependerá principalmente “del plan de acción del Gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19 en las concesiones vigentes y de que la aplicación de las medidas legales/contractuales permitan que haya confianza en los inversionistas privados interesados en los proyectos del Programa 5G, incluso en medio de la pandemia”, según explicó Daniel Rodríguez, socio de CMS Rodríguez – Azuero, quien tras liderar desde la firma una consultoría para el DNP, identificó que los problemas relacionados con trámites ambientales y de consulta previa, junto con los trámites de adquisición predial y gestión de redes, son las principales causas de los retrasos de los proyectos de 4G.
También destacó los esfuerzos del Gobierno y de la ANI en sacar adelante el ambicioso Programa 4G, cuyos proyectos tienen un promedio de avance del 42%, y en fortalecer y aprovechar las ventajas del mecanismo de APP para el desarrollo de carreteros para ser replicados en el programa que viene.
“Entonces, será crucial que este nuevo programa centre sus principales cambios en plantear soluciones para superar estos obstáculos, sobretodo, en el enfoque ambiental y social que ha mencionado la ANI, y que desde la etapa de estructuración se busque un mayor acercamiento con las comunidades y más profundidad en los estudios técnicos. Así mismo, será necesario buscar fuentes alternativas de financiación, en vista de que los recursos del Presupuesto General de la Nación están siendo usados en su mayoría para la superación de la crisis económica”, señala.
Actualmente se encuentran en proceso de selección los proyectos de la Malla Vial del Valle del Cauca, cuya fecha de apertura de licitación pública fue el 4 de septiembre de 2020 con un plazo de cierre programado para el 29 de enero de 2021; y el Canal del Dique previsto para el 16 de diciembre de 2020. Se espera que este año, o a comienzos de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura dé apertura a la licitación de los demás proyectos previstos para la primera etapa, los cuales llevan distintos avances en estructuración.
Por lo que recomienda finalmente, “no sacar al mercado simultáneamente todos estos proyectos para evitar problemas futuros en los procesos de selección, financiación y el embotellamiento de trámites administrativos en materia de gestión ambiental, predial y social, como ha ocurrido en el pasado”.
