El procurador general, Fernando Carillo, encontró que el exdirector de la Policía Nacional y otros tres altos oficiales de la institución “incidieron” en el coronel Rinaldo Gómez para que este se retractara de las denuncias que hizo contra el general Palomino por acoso sexual y laboral, que detonaron el escándalo conocido como “la comunidad del anillo”.
El procurador general, Fernando Carrillo, destituyó e inhabilitó por 13 años al exdirector de la Policía Nacional entre los años 2013 y 2016, general (r) Rodolfo Palomino por “influenciar irregularmente” al coronel Reinaldo Alfonso Gómez para que este se retractara de las denuncias que había hecho por acoso sexual y laboral en su contra, que destaparon el escándalo conocido públicamente como “la comunidad del anillo”. En su decisión, el Ministerio Público también destituyó e inhabilitó a tres altos mandos de la institución quienes usaron su cargo para lograr que el coronel Gómez rectificara sus denuncias.
En el fallo con fecha del 13 de enero de 2021, la Procuraduría resolvió los recursos de reposición interpuestos en contra de la decisión del 14 de noviembre de 2018 en la que se declaró la responsabilidad de disciplinaria por estos hechos de los coroneles Ciro Carvajal Carvajal y Flavio Heriberto Mesa Castro quienes, para la época en la que Palomino era director general de la Policía, se desempeñaban como secretario general de la Policía Nacional y comandante de la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca, respectivamente. Pero nada cambió para los dos oficiales pues el procurador les confirmó a cada uno la sanción de inhabilidad por 10 años años.
Para quienes sí cambió la situación fue para el general (r) Rodolfo Palomino y el mayor Jhon Santos Quintero Landinez, jefe del área jurídica de la Secretaría General de la Policía, quienes en ese primer fallo de 2018 habían salido absueltos del proceso disciplinario y, en esta oportunidad, resultaron responsables disciplinariamente. La sanción impuesta por el Ministerio Público al mayor Quintero Landinez, fue la destitución e inhabilidad durante 10 años.
Fuente : EL ESPECTADOR
