Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 organizaciones de pacientes en todo el país, celebra la decisión de la Corte Constitucional de declarar el incumplimiento general en la suficiencia de los Presupuestos Máximos y de abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Corte Constitucional ordena al Ministerio de Salud y Protección Social que pague en un plazo máximo de 48 horas los recursos correspondientes al reajuste de los Presupuestos Máximos de la vigencia de 2022, lo que representa una deuda de 819 mil millones de pesos. Además, solicitó el giro de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2024 e instó a la cartera a recalcular los presupuestos máximos para 2025, ya que la asignación actual de 502 mil millones de pesos resulta insuficiente, al cubrir únicamente el 17 % de los requerimientos proyectados.
Esta decisión del alto tribunal refleja que los Presupuestos Máximos establecidos no han sido suficientes para cubrir las necesidades de los pacientes, afectando directamente el acceso a tratamientos, medicamentos y servicios esenciales. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, especialmente aquellas con enfermedades crónicas y de alto costo, y ha generado una crisis financiera en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, manifestó: “La determinación de la Corte Constitucional envía un mensaje claro: el derecho a la salud debe ser prioritario y no puede estar condicionado por limitaciones presupuestales. Esperamos que el Ministerio de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y asegurar que los ciudadanos reciban la atención que merecen sin obstáculos financieros. Una vez el gobierno cumpla con su parte, los agentes del sistema no tendrán justificación para incumplir su deber hacia los pacientes”.
Pacientes Colombia reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes y hace un llamado al Gobierno Nacional para que priorice soluciones efectivas que fortalezcan el sistema de salud y aseguren una atención digna y de calidad. Asimismo, invita a las autoridades a dialogar con las organizaciones de pacientes para construir un modelo de financiación sostenible y centrado en las necesidades de la población.
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