Cúcuta, Norte de Santander. 5 de febrero de 2026. — En una operación conjunta de alta precisión, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional asestaron un golpe estratégico al Frente de Guerra Nororiental del ELN en la región del Catatumbo. La acción, desarrollada en zonas rurales de Tibú y El Tarra, dejó como resultado la neutralización de ocho integrantes de este grupo armado: siete fallecidos en combate y uno capturado.
La operación, enmarcada en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial y permitió desmantelar un sofisticado sistema de ataque con drones que la estructura criminal venía empleando contra la población civil y la Fuerza Pública.
Incautación de arsenal y tecnología de guerra
En el lugar de los hechos, las tropas hallaron un arsenal que evidencia la capacidad destructiva del grupo ilegal. Entre el material incautado destacan 15 fusiles, cinco armas cortas y más de 2.000 cartuchos. Sin embargo, el hallazgo más preocupante para las autoridades fue el componente tecnológico:
- Explosivos: 205 kilos de material explosivo de alto poder.
- Guerra de drones: 202 granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas.
- Defensa técnica: Sistemas de inhibición y destrucción de drones.
Inteligencia militar estima que, además de los ocho neutralizados, la estructura habría sufrido al menos 15 afectaciones adicionales, debilitando sus redes de apoyo al narcotráfico y su capacidad para ejecutar extorsiones, secuestros y homicidios en la región.
[Imagen: Unidades de las Fuerzas Militares custodiando el armamento y los drones incautados en las selvas del Catatumbo]
Impacto en el control territorial
Este operativo se suma a la reciente racha de éxitos de la Fuerza Pública en Norte de Santander. Apenas ayer, el Ejército reportó la destrucción de un laboratorio de cocaína del ELN en El Zulia avaluado en $4.000 millones, así como la captura de redes de contrabando en la vía Boconó y el barrio Gaitán de Cúcuta.
Con la presencia de las tropas en Tibú y El Tarra, el Estado busca generar condiciones de seguridad que permitan el retorno seguro de las comunidades indígenas y campesinas desplazadas por el accionar del ELN, grupo al que también se le atribuyen prácticas sistemáticas de reclutamiento forzado de menores.
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