El pasado 19 de marzo de 2022, en horas de la mañana, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, alrededor de doscientas personas al parecer en su mayoría de nacionalidad venezolana de forma tumultuaria y violenta intentaron traspasar la seguridad e ingresar a la Base Militar La Esperanza.
El personal de la base militar se encontraba cumpliendo con su misión constitucional de desarrollar actividades encaminadas a brindar seguridad y protección a los habitantes de ese municipio y de sus áreas aledañas.
Según los datos de las autoridades locales, en el municipio de El Tarra hay más de 6000 personas de nacionalidad extranjera y 1000 de ellas aproximadamente estarían ocupando de manera ilegal unos predios del municipio.
De acuerdo con las informaciones, en estos hechos violentos habría tenido participación delictiva alias Jhon Mechas y alias Pedro, cabecillas de la estructura criminal del Grupo Armado Organizado Residual GAO-r E33, quienes manipularon, instrumentalizaron, emplearon armas y a algunos habitantes como escudos convirtiéndose este acto en sedición.
Este grupo armado organizado tiene como objetivo atacar a la Fuerza Pública y a los moradores de la región, mediante la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados, para que reine la criminalidad e impunidad.
Esto dejó como resultado a un suboficial y dos soldados con heridas en el rostro y extremidades inferiores.
De igual forma, se conoce que tres civiles resultaron heridos y están siendo atendidos en el hospital de Ocaña, además uno fallecido, donde, según las primeras informaciones, señalan que se le habría activado un artefacto explosivo improvisado, circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
Quienes participaron en estas acciones delictivas atacaron la Base Militar con lanzamiento de artefactos explosivos y disparos de fusilería. De igual forma, fueron desactivados artefactos explosivos improvisados ubicados cerca a la base, acciones que transgreden los Derechos Humanos y son atentatorios contra las normas del Derecho Internacional Humanitario, conductas que serán denunciadas ante las autoridades.
Durante la asonada, se registraron innumerables daños materiales en las cercanías de la base militar; así mismo, personas que intentaron ingresar de manera violenta dejaron a su paso evidencia del consumo de bebidas alcohólicas, todo esto en contravía e incumpliendo además el toque de queda decretado por el alcalde municipal, a través del Decreto N.º 024 del 19 de marzo del presente año, que lo estipulaba desde el día 19 de marzo hasta el 22 de marzo.
La institución en el desarrollo de la asonada cumplió de manera cabal los protocolos del uso de la fuerza de manera escalonada atendiendo a lo dispuesto en la Disposición N.º 000002 de 2019, donde no se dio uso de armas letales; además, se activaron los planes de reacción y contraataque, con el fin de tomar los dispositivos de seguridad en las instalaciones, de acuerdo a lo preestablecido en nuestra doctrina militar y normas que regulan los procedimientos en estos escenarios violentos.
Continuaremos siendo respetuosos con la población civil y seguiremos combatiendo los factores de criminalidad que a diario perturban la tranquilidad de los pobladores campesinos y agricultores, que buscan tener un territorio próspero y de paz para ellos y sus familias.
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