Colombia sigue estando en la cima de la escala productora de cocaína en el mundo, tanto así que el 97% de la que se consume en los Estados Unidos es colombiana, un deshonroso puesto del cual el país sigue tratando de salir, no sólo por la tragedia que implica su consumo para la salud física y mental de quienes la usan, sino por el impacto social, de pobreza, de seguridad, político y económico que ha dejado el narcotráfico a su paso.
El país sigue sufriendo el estigma de las drogas, y en ese sentido, el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea en su discurso un cambio en la posición estratégica de la nación en la construcción de la Política Antidrogas, de manera que nunca más sea asociada al narcótico, porque jugará un papel protagónico en la disminución del consumo y la producción de drogas, convirtiéndola en una potencia mundial por la vida.
Según la socióloga Aura María Puyana, conferencista principal del foro desarrollado por la Universidad Simón Bolívar, a través de los programas académicos de Trabajo Social y la Especialización en Procesos de Intervención Social, en su informe titulado “La política sobre drogas en el Gobierno Petro: del dicho internacional al hecho nacional hay mucho trecho”, luego de un análisis a los discursos y a las visitas de comisiones internacionales americanas a Colombia para hablar del tema, se puede deducir que el presidente no cedería a la presión norteamericana y transformaría la Política Antidrogas promoviendo otros escenarios y formas de lucha.
Señala, que ante la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las tres cumbres mundiales sobre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Educación, y en el Foro Latinoamérica, Estados Unidos y España, Petro llamó a la comunidad internacional a rectificar las estrategias de cooperación con las que pretende resolver los problemas asociados al mercado de drogas; de la misma manera, protestó por la presión desmedida sobre los países productores para que disminuyan en sus territorios la oferta de materias primas y drogas procesadas, mientras que pidió a las sociedades de consumo disminuir la demanda, disparada por crisis existenciales que se intentan remediar con el abuso de narcóticos.
Además, el presidente planteó que se requieren estrategias que reconozcan el grave daño que se hace al medioambiente con la aspersión de químicos como glifosato y que se trate el escenario problemático de las drogas evitando la estigmatización, marginación y criminalización de los consumidores.
No obstante, Puyana aclara que el país sigue atento a la nueva Política Antidrogas, considerada disruptiva, protectora del medio ambiente y no prohibicionista, puesto que aún no se materializa, o al menos no se conoce públicamente su contenido.
La posición de Colombia internacionalmente
Para Jaime Zuluaga, director de la Revista Foro e invitado al encuentro académico en la Unisimón, el Gobierno de Petro busca replantear la Política Antidrogas y propone un acuerdo internacional para superar la política prohibicionista. Eso representa una ruptura, por el momento discursiva con los Estados Unidos, financiadores del Plan Colombia y la guerra contra las drogas desde hace 24 años.
En este sentido, dice que un punto a favor de Petro es el liderazgo en la propuesta de replantear la política fallida, el fortalecimiento regional y la desnarcotización de la agenda con EE. UU., pero encuentra que una de las dificultades es la obtención del apoyo internacional, puesto que ningún país, y menos Colombia, puede legalizar la cocaína.
La erradicación forzada
A pesar de que en Colombia se practica la erradicación forzada, según medición satelital a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Ministerio de Justicia, en el 2021 se contabilizaron 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas a corte de diciembre, razón por la cual el actual Gobierno plantea atacar directamente la cadena del narcotráfico y no los cultivos.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha señalado en sus informes que el narcotráfico es el principal comprador de hoja de coca y “son estas redes las encargadas de transformar la pasta básica en clorhidrato de cocaína, en los llamados cristalizaderos. Estas mismas, realizan el transporte, comercialización y exportación de tal sustancia (…)”, es por esto por lo que Lady Díaz, representante por Cúcuta de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), dice que el campesino ha sido estigmatizado a pesar de que se limita a sembrarla para poder sobrevivir, ya que en zonas como el Catatumbo puede ser obligado a cultivarla o simplemente lo hace por necesidad, al no encontrar otras fuentes de suficiente sustento.
Para la representante de la Coccam, es difícil que los campesinos dejen el cultivo de coca si no se les garantizan otros medios para subsistir, proyectos productivos, desarrollo social y en sí, la presencia del Estado en toda su integralidad, ya que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no podría resolver el problema de fondo al ser meramente asistencialista.
Lo anterior hace que sea difícil lograr la erradicación de miles de hectáreas de coca, a pesar de que esta fue una meta planteada en los acuerdos de paz con las FARC en el 2016 y que en su momento las partes se comprometieron a la erradicación voluntaria y forzada de los cultivos ilícitos.
‘La mata no mata’
Es de precisar que la hoja de coca es un vegetal inofensivo y que es su procesamiento en cocaína lo que evidentemente causa el problema. La planta ha sido utilizada ancestralmente por los indígenas que habitan la región andina de Sudamérica en su cotidianidad y se le reconocen hasta once usos distintos al del procesamiento de cocaína.
Según el portal del Transnational Institute (TNI, por sus siglas en inglés), la planta es un complejo conjunto de nutrientes minerales, aceites esenciales y varios componentes con mayores o menores efectos farmacológicos. “Cuando se mastica, la hoja de coca actúa como un estimulante ligero y ayuda a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. También a superar el mal de alturas. Cada día, millones de personas en los Andes mastican hoja de coca o beben mate de coca sin experimentar ningún problema y cada vez más se utiliza la harina de coca como complemento alimenticio, y se utiliza en infusiones”, señala.
Es por eso por lo que el actual Gobierno viene estudiando otros caminos en la lucha contra las drogas, distintos al prohibicionismo y la erradicación forzada, mediante la eliminación directa o por aspersión de glifosato, pues es el narcotráfico el directo responsable del problema y allí es donde el Estado piensa atacar.
Por ahora, los analistas señalan que hay un retraso, ya preocupante, de la Política Antidrogas; no obstante, hay un cambio en la posición estratégica entre Colombia – Estados Unidos. En definitiva, el actual Gobierno debe decidir si concreta con urgencia el anuncio de una Política Pública Antidrogas o la modificación de la Ley 30 de 1986, la cual quedó desactualizada.
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