El Congreso de la República aprobó la Ley Sarita, una normativa que transforma la manera en que se tramitan las cuotas alimentarias en Colombia. A partir de ahora, los jueces de familia podrán autorizar la entrega anticipada de los recursos embargados a los padres incumplidos, asegurando que niñas, niños y adolescentes no tengan que esperar años para recibir lo que les corresponde.
Hasta ahora, los fondos retenidos permanecían congelados en títulos judiciales hasta que concluyera el proceso, lo que podía tardar incluso varios años. Con esta ley, los recursos podrán ser entregados de manera inmediata siempre que no exista oposición formal del progenitor demandado.
La norma surge del caso de Sara Guiselle, una menor con discapacidad que tuvo que esperar más de un año y medio para acceder a los recursos que legalmente le pertenecían. Su historia impulsó el cambio legislativo, presentado como Proyecto de Ley 199 de 2023 por la senadora Liliana Bitar y aprobado en julio de 2025.
Según estimaciones, la Ley Sarita beneficiará directamente a más de 55.000 procesos activos en Colombia, garantizando el sustento de miles de menores que dependen de estas cuotas para su bienestar.
“Se trata de un avance histórico en la protección del interés superior del menor. Por primera vez, la justicia permitirá que los recursos lleguen cuando más se necesitan, no cuando finaliza un proceso judicial interminable”, explicó Jimmy Jiménez, abogado especialista en derecho de familia.
La norma, que modifica el Código General del Proceso, está próxima a recibir sanción presidencial y convertirse oficialmente en ley. Con ella, Colombia da un paso decisivo hacia la protección efectiva de los derechos de la niñez.
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