La Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) advirtió que la economía forestal y agroindustria de la madera podrían convertirse en uno de los pilares económicos más sólidos del país, siempre que se enfrenten con decisión los retos normativos, de seguridad y de articulación institucional que afectan al sector.
En un contexto donde más de 2.000 empleos están en riesgo por restricciones administrativas, inseguridad y trabas comerciales, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para crear condiciones reales de inversión, crecimiento y sostenibilidad en esta actividad productiva, que tiene el potencial de dinamizar las economías rurales, sustituir importaciones y generar divisas.
Exportaciones paralizadas por normativas desactualizadas
Uno de los ejemplos más críticos es el de la madera Teca, cuyas exportaciones a India —que generan más de 8 millones de dólares anuales— se han visto interrumpidas desde noviembre de 2023. ¿La razón? Una resolución del Ministerio de Salud que exige el uso de un químico cuestionado internacionalmente (bromuro de metilo), cuya aplicación no es viable en Colombia.
“Estamos perdiendo mercados por inacción estatal. La resolución está en revisión desde abril de 2024 y aún no hay respuesta. Esto representa una amenaza directa para miles de empleos y la competitividad del país”, señaló Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de FEDEMADERAS.
Inseguridad y cierre de operaciones en regiones clave
Empresas forestales de Antioquia, Magdalena, Cauca y Guaviare han sido blanco de amenazas por parte de grupos armados, lo que ha llevado a la suspensión de operaciones, incluso de firmas con inversión extranjera. Pese a las denuncias presentadas, aún no hay estrategias claras de protección ni pronunciamiento por parte de las autoridades.
“Mientras la ilegalidad sigue operando sin trabas, la legalidad se ve sofocada por una institucionalidad que, lejos de fomentar el desarrollo, parece diseñada para desincentivar las operaciones formales”, agregó Vásquez.
Obstáculos logísticos y normativos que frenan el desarrollo
Otro de los puntos críticos es la reciente resolución 1489 de 2024 del Ministerio de Ambiente, que restringe la exportación de madera solo a ciertos puertos. Esto ha dejado por fuera al puerto de Tolú (Sucre), afectando operaciones clave como la exportación de 14 mil toneladas de madera desde Córdoba hacia España, realizada en junio de 2024.
A este escenario se suma un entramado burocrático entre el ICA y las corporaciones ambientales, que dificulta la movilización legal de madera incluso en trayectos cortos, elevando los costos logísticos y desincentivando nuevas inversiones.
Una oportunidad desperdiciada
Pese a que Colombia tiene las condiciones ideales para consolidar una bioeconomía forestal de escala, la falta de articulación institucional, la inseguridad y la confusión normativa impiden que el país aproveche su potencial. Para FEDEMADERAS, es urgente que el Gobierno adopte una visión estratégica a largo plazo que permita hacer de esta industria una herramienta real de paz, empleo y sostenibilidad.
“Si queremos erradicar la violencia estructural del campo colombiano, tenemos que ofrecer alternativas productivas viables y duraderas. La economía forestal es una de ellas, pero necesita voluntad política y coherencia normativa para florecer”, concluyó Vásquez.
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