La inflación acumulada, los altos intereses y la lenta recuperación del empleo han empujado a miles de colombianos a recurrir a la Ley de Insolvencia Económica, un mecanismo vigente desde 2012 que permite suspender embargos, renegociar deudas y reorganizar el plan de pagos con respaldo institucional.
Lejos de ser un fracaso, este recurso se ha consolidado como un salvavidas legal y humano, que ofrece una segunda oportunidad a quienes enfrentan el sobreendeudamiento.
Tendencia en crecimiento
Datos de CrediData, TransUnion y Equifax revelan que las solicitudes de renegociación de obligaciones aumentaron de forma sostenida desde 2024, especialmente en hogares de clase media y media baja. El crédito de consumo y las tarjetas son los rubros con mayor morosidad.
En paralelo, la encuesta Consumer Pulse Colombia evidenció que el 35 % de los consumidores recurre a sus ahorros y otro 35 % opta por empleos temporales para pagar deudas, mientras que un 27 % acude a familiares o paga solo parcialmente sus obligaciones.
Más allá de lo financiero
Expertos como Jairo Varón, director jurídico de SVC Abogados, subrayan que este proceso también protege la salud emocional: “Entender que la insolvencia es un derecho, no un fracaso, es fundamental para reconstruir la vida económica de los hogares”.
Rompiendo estigmas
El desconocimiento y el miedo cultural son aún barreras. Sin embargo, la insolvencia económica se está posicionando como una decisión responsable y valiente que evita la pérdida de bienes y ofrece tiempo para replantear las finanzas sin recurrir a préstamos informales.
Una segunda oportunidad
Gracias a este mecanismo, cientos de colombianos han logrado acuerdos de pago ajustados a su capacidad real, preservando su patrimonio y ganando tranquilidad. La Ley de Insolvencia se proyecta como una de las herramientas más efectivas para afrontar el sobreendeudamiento en Colombia.
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