La guerrilla izquierdista, las disidencias de las FARC y las bandas criminales han cometido asesinatos, amenazas y ataques contra civiles en medio de toques de queda y cuarentenas impuestas en Colombia para supuestamente contener la pandemia del coronavirus, denunció el miércoles Human Rights Watch.
El país sudamericano de 50 millones de habitantes con un conflicto armado interno de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, reporta alrededor de 160.000 personas contagiadas y 5.625 muertas por COVID-19.
Aunque el Gobierno del presidente Iván Duque declaró una cuarentena nacional que comenzó el 25 de marzo, los grupos armados ilegales impusieron medidas más fuertes en al menos 11 de los 32 departamentos, una tercera parte del país, aprovechando la baja presencia del Estado, sometiendo por completo a la población civil y controlando la movilidad terrestre y fluvial, según el informe.
“Estos grupos imponen reglas draconianas para controlar el Covid, aterrorizan a la población civil con amenazas, ataques o ejecutan a sangre fría a las personas que no las cumplen”, dijo en una videoconferencia de prensa José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco reveló que grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares como el Clan del Golfo buscan con sus medidas someter a la población civil y mantener el control para sus actividades de narcotráfico y minería ilegal.
De acuerdo con la investigación, hasta el momento nueve personas han sido asesinadas por los grupos armados ilegales que comunican a través de panfletos y mensajes de Whatsapp sus reglas que incluyen toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones en regiones apartadas como los departamentos de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo.
Uno de los casos que documentó el informe fue el asesinato el 26 de abril de tres civiles en el departamento del Cauca en un ataque atribuido a disidentes de las FARC que aseguraron a otros miembros de la comunidad que las víctimas fueron ejecutadas por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado.
“Los castigos brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicó Vivanco.
“El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del COVID-19, concluyó.
Fuente :Reuters
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