San José de Cúcuta, 6 de junio de 2025 — La ciudad de Cúcuta enfrenta una grave crisis de hacinamiento carcelario que ha encendido las alarmas en la administración municipal. El alcalde Jorge Acevedo y el secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, han manifestado públicamente su inconformidad ante la sorpresiva decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de trasladar 100 personas privadas de la libertad desde Medellín hacia el complejo penitenciario local, pese a los serios problemas de capacidad que enfrenta la capital nortesantandereana.
Actualmente, las estaciones de Policía en Cúcuta registran un hacinamiento del 260 %, mientras que el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano supera el 73 % de su capacidad, según cifras entregadas por la Alcaldía. Esta situación, aseguran las autoridades locales, ha sido informada en múltiples ocasiones al Gobierno Nacional, sin que se haya dado una respuesta efectiva.
Un llamado urgente al Gobierno Nacional
“Desde enero hemos enviado cinco solicitudes formales al Ministerio de Justicia y al INPEC para firmar un convenio que permita trasladar reclusos desde las estaciones de Policía a la cárcel. Tenemos listos 1.000 millones de pesos para ello, pero nos han negado esta posibilidad. Y ahora nos sorprenden enviando desde Medellín a 100 contraventores de la ley a nuestro ya colapsado sistema carcelario”, expresó el alcalde Jorge Acevedo en un mensaje dirigido al ministro de Justicia y al director nacional del INPEC.
Acevedo también elevó un llamado al procurador de derechos humanos, Carlos Camargo, para que intervenga en esta problemática, que no solo representa un riesgo para los detenidos, sino también para los miembros de la fuerza pública que deben custodiar a estas personas en instalaciones no diseñadas para reclusión prolongada.
“En Cúcuta estamos capturando personas diariamente. No es justo que nos manden reclusos de otras ciudades cuando nuestras estaciones están al borde del colapso”, enfatizó el mandatario local.
Una gestión sin respuesta
Por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, entregó detalles del proceso fallido para formalizar el convenio con el INPEC. “Desde el 1 de enero el alcalde dispuso los recursos. Hemos enviado cinco cartas de intención. Incluso nos sentamos con el director del penal y representantes sindicales para acordar que nos recibirían inicialmente 400 personas. Pero todo quedó en el aire”, aseguró.
Castellanos explicó que el pasado 20 de mayo recibieron una notificación oficial del INPEC regional cancelando todos los convenios con entes territoriales, a la espera de nuevas directrices. Sin embargo, apenas unos días después se emitió una resolución firmada por el director general del INPEC autorizando el traslado de los 100 reclusos desde otro departamento.
“Nos dicen que no pueden recibir reclusos de Cúcuta por hacinamiento, pero sí los reciben desde Medellín. ¿Dónde está la coherencia? No entendemos la diferencia entre nuestros sindicados y los de otras ciudades. Lo que debería ser una solución —tener una cárcel en Cúcuta— se está convirtiendo en un nuevo problema”, lamentó el funcionario.
Peligro para la seguridad local
Otro de los puntos críticos expuestos por la administración municipal es que el penal de Cúcuta es de mediana seguridad, por lo que no está capacitado para albergar reclusos con perfiles de alta peligrosidad. “Tenemos información de que muchos de los trasladados tienen un prontuario importante. Esto pone en riesgo la seguridad interna del penal y de la ciudad”, advirtió Castellanos.
La administración ha reiterado la necesidad de avanzar en la construcción de una cárcel de sindicados para el área metropolitana, proyecto que ya se encuentra en etapa de estudios y diseños. Sin embargo, mientras esta infraestructura se materializa, los esfuerzos se centran en reducir el hacinamiento para permitir que los policías regresen a las calles a cumplir su función de vigilancia y prevención.
¿Qué sigue?
La Alcaldía de Cúcuta continuará insistiendo ante el Ministerio de Justicia, el INPEC y los organismos de control para que se permita ejecutar el convenio de traslado de reclusos desde las estaciones de Policía. Además, solicitarán el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en todas las gestiones necesarias para garantizar condiciones dignas de reclusión y seguridad para los cucuteños.
“Cúcuta no puede seguir siendo el receptor de los problemas carcelarios de otras ciudades. Tenemos una situación especial de seguridad, y necesitamos una respuesta inmediata y contundente del Gobierno Nacional”, concluyó el alcalde Acevedo.
Discussion about this post