La Contraloría General de la República identificó, junto al Ministerio de Educación, que de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con las que se ejecutan $400 mil millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para el financiamiento de los planes de regreso a clases presenciales con esquema de alternancia (Directiva 017 de 2020), se ha ejecutado el 61,8% ($247.263 millones) y hay $152.787 millones (38,2%) sin ejecutar.
De acuerdo con la información oficial 42 ETC ya regresaron a clases presenciales en el primer semestre del año, 47 ya anunciaron regreso a presencialidad durante el mes de julio, 4 no han confirmado inicio de regreso a la presencialidad y 3 han aplazado dicho proceso.
Esto indica que de las 18.239 instituciones educativas que hay en el territorio nacional, 7.721 (3.134 oficiales y 4.587 no oficiales) han regresado a clases presenciales con alternancia, o sea el 42,3% (1.663.009 estudiantes).
“La Contraloría General de la República, desde el carácter preventivo, ha venido realizando un seguimiento a los más de $400 mil millones que ha dispuesto el Ministerio de Educación a través de recursos del FOME para la financiación de los protocolos de bioseguridad, y así desarrollar el regreso seguro a clases presenciales de las instituciones educativas. Es por ello que en este momento hacemos un llamado a las ETC para que ejecuten dichos recursos y se garantice el servicio educativo a los 9 millones 800 mil estudiantes en el territorio nacional”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
Y agregó: “Debemos destacar que dichos recursos los destinó el Ministerio de Educación para que las Secretarías de Educación adquirieran Elementos de Protección Personal (EPP); la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos para garantizar las condiciones de bioseguridad en IE oficiales, y la realización de las adecuaciones necesarias para cumplir los protocolos dispuestos. Así que el llamado es a que se garantice el cumplimiento de la finalidad de los recursos públicos”.
De acuerdo con el informe presentado al ente de control, hasta la fecha las 42 ETC que ya ingresaron a la presencialidad son:
Julio 6: Antioquia, Apartado, Bello, Bolívar, Caldas, Chocó, Envigado, Guainía, Guaviare, Huila, Itagüí, Manizales, Sabaneta, Quibdó, Quindío, Rionegro, Turbo, Vichada.
Julio 7: Palmira, Zipaquirá
Julio 8: Bogotá, San Andrés.
Julio 12: Amazonas, Armenia, Atlántico, Casanare, Cauca, Córdoba, Facatativá, Florencia, Girardot, Medellín, Mosquera, Pereira, Putumayo, Risaralda, Tolima, Tumaco, Santander, Sucre, Vaupés (área urbana y el 19 de julio en área rural), Yopal.
Y las ETC que han confirmado que ingresarán a la presencialidad con alternancia son:
Julio 15: Chía, Cundinamarca, Fusagasugá, Funza, Jamundí, Malambo, Neiva, Sahagún, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Soacha, Tunja, Valledupar.
Julio 19: Arauca, Barranquilla, Boyacá, Cartago, Cesar, Ibagué, La Guajira, Maicao, Meta, Montería, Popayán, Riohacha, Tuluá, Uribia y Villavicencio.
Julio 21: Bucaramanga, Cúcuta, Floridablanca, Girón Norte de Santander, Barrancabermeja, Piedecuesta.
Julio 26: Buga, Buenaventura, Cali, Caquetá, Ipiales, Lorica, Nariño, Pasto, Pitalito, Yumbo, Valle del Cauca.
En el esquema de especial seguimiento que viene desarrollando la Contraloría General de la República se han identificado casos que generan alarma sobre la ejecución de los recursos del FOME, como es el caso de aquellas ETC que, a pesar de haber ejecutado los dineros, no registran aún fecha definida de inicio de clases presenciales.
Hay algunas ETC que ya han ejecutado más del 21% de los recursos FOME pero que aún no registran ante el Ministerio de Educación inicio de clases, entre las cuales se destacan:
Magangué, con el 99,9% de los recursos ejecutados. Dosquebradas, con el 84,8% Cartagena, con el 68,0% Santa Marta, con el 66,8%
Y en el caso de las ETC que no han ejecutado los recursos dispuestos para la organización del servicio educativo y que, además, no registran fecha de inicio de clases presenciales, se resaltan: Ciénaga, con una ejecución del 19,9% Duitama, con el 4,4% de ejecución Magdalena, sin ninguna ejecución de los recursos dispuestos (0,0%).
“La Contraloría continúa realizando seguimiento a la ejecución de los recursos del FOME en el país, y hace un llamado de atención en este sentido. Especialmente a las 7 ETC que aún no han reportado regreso a la presencialidad y más aún a aquellas que ni han ejecutado los recursos en la generación de los protocolos de seguridad y tampoco definen el regreso de sus estudiantes a las aulas”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.
“Estamos hablando del servicio educativo de los niños del país, de aquellos que han pasado más de un año sin poder volver a las aulas de clase, entendiendo todas las implicaciones que esto trae y recordando el fallo de Control de Legalidad de la Directiva del Ministerio de Educación, emitido por el Consejo de Estado, el cual señala, tanto a la cartera de Educación como a las Secretarías, que su obligación es velar porque todos los prestadores del servicio educativo avancen en la definición de las condiciones para el retorno gradual y progresivo a las aulas, con las normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales”, subrayó.
“El mismo Consejo de Estado ha destacado que pueden existir situaciones particulares, en el que los padres de familia pueden exigir un tratamiento distinto, pero ha aclarado que la modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial. Es por ello que hacemos el llamado a la responsabilidad que tienen las ETC de ejecutar los recursos públicos para los fines pertinentes, a fin de garantizar el derecho a la educación en medio de la pandemia”, concluyó recalcando Pineda Téllez.
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, junto a la ciudadanía, hace seguimiento a la ejecución de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para la mitigación de la emergencia COVID -19, dispuestos en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a través de los mecanismos de Especial Seguimiento y el “Sistema de Control Fiscal Participativo”.
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