De acuerdo con el Ministerio del Interior, la consulta previa es el derecho fundamental y colectivo en el cual el estado garantiza a las comunidades étnicas la participación y acceso a información sobre los proyectos, obras o actividades que se pretendan realizar en su territorio, siempre y cuando, afecten de manera directa y específica a su calidad de vida.
La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia SU-039/97, señaló los parámetros para la realización de las consultas previas con los grupos étnicos del país, en donde se encuentran importantes aportes para la protección y garantía de los derechos de las comunidades.
Las comunidades étnicas que se encuentran en el área de influencia de obras o actividades llevadas a cabo en territorio Nacional, tienen el derecho fundamental a la consulta previa. Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia, afirma que este derecho que tienen las comunidades no puede seguir siendo visto como esa “piedra en el zapato” que impide el avance de los proyectos de energías renovables, sin por el contrario debe ser percibido como la oportunidad para otorgar solidez, equidad y desarrollo sostenible en el país.
En esta línea, Corredor indica que “para esto, es importante tener en cuenta los impactos de los proyectos del sector minero energético en las comunidades. Sólo así sería consecuente con la llegada del nuevo Gobierno que en su agenda tiene como prioridad el desarrollo e implementación responsable de políticas públicas que contribuyan a la mitigación de los efectos del cambio climático”.
En regiones de alta demanda de consulta previa, como La Guajira, los desarrolladores e inversionistas llevan varios años socializando los proyectos, trabajando con las comunidades para informar sobre los impactos de estos mismos y apostando para que los procesos de consulta resulten favoreciendo a las comunidades y facilitando el desarrollo de las empresas.
Para el próximo año, se espera que se complete una inversión de más de $11 billones en proyectos eólicos y solares a nivel Nacional, que, entre otras cosas, ayudarán a reducir más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, se calcula que 12% de este tipo de generación se vería comprometida o retrasada por el estado actual de los procesos en consultas con las comunidades, especialmente de La Guajira.
Los retos del gobierno en materia de energía renovable
Una de las banderas del nuevo gobierno es continuar con la búsqueda de la transición energética en nuestro país, pero ¿Cuál sería la estrategia de ejecución de políticas públicas que respalden este derecho? ¿Cuáles serían los lineamientos para la consulta previa de este tipo de proyectos? ¿Cuáles serían los mecanismos que garanticen tanto el respeto de los derechos de las comunidades involucradas como la ejecución de proyectos?
Según el director ejecutivo de SER Colombia, las respuestas oportunas a este tipo de preguntas constituirán en gran medida, los principales retos del actual gobierno y, además, resolverán parte del abanico de dudas que se han venido cosechando con el pasar de los años y el avance en la consolidación de una matriz energética más limpia.
“Desde la postura de los empresarios que desarrollan estos proyectos, es clave conocer cuáles serán los procedimientos, qué cambios se le harán al proceso de consulta previa, cómo sería la estructura de una entidad de consulta previa, etc.”, enfatiza.
Así las cosas, uno de los mayores retos del sector para seguir creciendo y acelerar su dinámica, “radica en resolver estos puntos ciegos, ojalá, en el transcurso de las próximas semanas para así alcanzar los lineamientos necesarios para mirar hacia el futuro de la transición energética”, finaliza Corredor.
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