Una población de exguerrilleros colombianos que depusieron las armas en el histórico acuerdo de paz de 2016 fue reubicada por las autoridades el miércoles después de que 11 de sus residentes fueran asesinados en los últimos tres años.
El Centro de Reincorporación Román Ruiz, en el noroeste del país, albergaba a un grupo de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a sus familiares, quienes vivían en pequeñas casas prefabricadas y trabajaban en distintos proyectos, incluyendo la cría de gallinas y una granja cafetalera.
Los 94 habitantes de la localidad cargaron sus pertenencias en camiones y abordaron autobuses de dos pisos para mudarse a la región bananera de Uraba, donde el gobierno ha alquilado 137 hectáreas (340 acres) de terreno para ellos y les prometió ayuda para construir sus viviendas
“Es un desarraigo muy complejo”, dijo Marco Urbano, portavoz del grupo de excombatientes que se encontraba en la localidad montañosa supervisando la mudanza. “Son tres años de proyectos productivos y ahora toca empezar desde cero”.
El gobierno colombiano pasa apuros para garantizar la seguridad de los exintegrantes de las FARC y estabilizar áreas rurales cuyo progreso se ha visto obstaculizado desde hace tiempo por la violencia y la desigualdad. De acuerdo con las Naciones Unidas, 210 exmiembros del grupo guerrillero han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo del paz.
A pesar de que las FARC se registraron exitosamente como partido político y se les otorgaron 10 escaños en el Congreso, muchos de sus miembros también han recibido amenazas de muerte y se han visto obligados a mudarse de las zonas rurales.
Estos actos de violencia socavan las labores del presidente Iván Duque de persuadir a los grupos disidentes restantes de entregar las armas, asegura Sergio Guzmán, analista de riesgos políticos que radica en Bogotá.
“Si tú eres un grupo disidente y ves lo que les esta pasando a las FARC, ¿qué confianza vas a tener en que este gobierno a ti te cumpla?”, preguntó Guzmán. “¿Cómo vas a creer que es un socio confiable?”
Más de 13.000 miembros de las FARC depusieron las armas durante el acuerdo de paz. Pero un grupo de menos de 2.000 combatientes rechazó el pacto y sigue en lucha contra el gobierno, financiándose mediante el tráfico de cocaína. Otro grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también combate en partes remotas del país, luego de que se rompieran las negociaciones tras el estallido de una bomba que dejó 23 muertos en una academia de policía el año pasado.
Fuente : AP NEWS
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