El 24 de noviembre de 2016 los colombianos vieron desde distintas perspectivas el acto protocolario que sentaba la paz en Colombia entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, poniendo fin a alrededor de 50 años de guerra interna, una de las más largas del mundo. La firma del acuerdo tuvo visto bueno del presidente de la República de la época, Juan Manuel Santos, y de distintos actores internacionales que lo observaron con buenos ojos; todo esto, en medio de la polarización evidenciada por un pequeño margen de diferencia en el que el “No” ganó el plebiscito por la paz.
Según Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, para que el Acuerdo de Paz se implemente por completo se necesitan de 10 a 15 años, por eso cinco años después de la implementación de lo acordado, puede entenderse que el Estado transita por la mitad de un vertiginoso y difícil camino en cumplimiento de los tiempos del proceso.
La Universidad Simón Bolívar y La Opinión indagaron sobre el tema desde cinco enfoques: seguridad, víctimas, drogas ilícitas, participación y democracia y, finalmente, uno llamado Catatumbo.
Seguridad
Juan Pablo Jaimes, profesor Universidad Simón Bolívar, abogado, exasesor del Ministerio del Interior.
“Para quienes creemos en la paz decimos que va bien, en torno a ese proceso de participación y de reintegración de las personas que estuvieron combatiendo por un ideal. Para quienes están en desacuerdo, no ha cambiado nada. Pero todo esto va en referencia a la seguridad que se le está dando, no solo al campesinado, sino también a las personas que estuvieron al interior de esta guerrilla; porque hablar de paz no solo es un derecho, sino una solución a un conflicto armado para que no se siga presentando en el país”.
Juan Felipe Rodríguez, Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.
“Se adelantan todas las políticas que garantizan la protección para las personas en proceso de reincorporación, participación electoral, apoyo a la investigación y la judicialización de quienes quieren atentar contra estas personas; es un tema fundamental para la implementación de la paz con legalidad”.
Katherine Miranda Peña, representante a la Cámara por la Paz.
“Aunque el Acuerdo de Paz permite la exigibilidad de resultados en materia de seguridad dirigida a la ciudadanía, campesinos y líderes de las zonas más afectadas, especialmente por el conflicto interno, la seguridad no es un hecho tangible. Realmente, después de la firma, creo que por el contrario ha permitido mayor inseguridad como lo reflejan las cifras de los asesinatos a líderes sociales que, a octubre de este año, han cobrado la vida de 145 personas”.
María Victoria Llorente, directora nacional de la Fundación Ideas para la Paz.
“Al acuerdo le debemos que no se perdieron tantas vidas, porque se frenó la violencia hacia 2018, pero luego volvimos a tener un recrudecimiento y lo que vemos es la verdadera incapacidad del Estado de tener una estrategia que permita proteger a la gente. Diría que es más un error de implementación de los acuerdos”.
Reparación a las víctimas
Andrés Llanos Cardona, secretario de Víctimas y Posconflicto de Norte de Santander
“Norte de Santander después de la firma del Acuerdo de Paz ha sido un ejemplo para el país de cómo la articulación institucional le ha apostado a construir escenarios de no violencia, a fortalecer la participación de las víctimas del conflicto armado a través de la mesa departamental y otros escenarios donde las víctimas y los ciudadanos son sus protagonistas”.
Katherine Miranda Peña, representante a la Cámara.
“En la actualidad hemos obtenido avances significativos en cuanto a la recepción de informes, diligencias de la Comisión para la Verdad, versiones voluntarias y audiencias. Así mismo la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha determinado la apertura de un número de macrocasos que contribuirán en la determinación de los hechos, en las conductas arbitrales y a todos los responsables dentro del conflicto armado. También se han identificado sujetos de reparación colectiva y pronto el Congreso de la República contará con las curules de la paz”.María Victoria Llorente, directora nacional de la Fundación Ideas para la Paz.
“Desde mi punto de vista el acuerdo ha sido beneficioso así haya discusión sobre si las Farc dijeron todo lo que tenían que decir, entendiéndose que para ellos las víctimas están en el centro del acuerdo; me parece increíble lo que ha venido sucediendo alrededor de la JEP, y de la Comisión de la Verdad en las distintas partes del territorio para conectarse con las víctimas, traer sus relatos y entender lo que les pasó.
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